Fernando Mollinedo C.
El término CORRECTO se deriva del vocablo latino Correctus, es un adjetivo que se utiliza para aplicar a aquello que no presenta fallas, imperfecciones, errores o faltas; lo correcto se desarrolla de acuerdo a las reglas o normas establecidas en la comunidad o sociedad.
Aunque el presente artículo no es una lección de gramática, indico que cuando el adjetivo se aplica a un ser humano alude a que su conducta es intachable; así mismo cuando se aplica para indicar la forma en que vive determinada persona, es de hecho, un análisis basado en los parámetros contemporáneos de la moral, pues cualquier conducta o actitud que se salga de las normas sociales suele ser considerada como INCORRECTA.
Cada grupo social o sociedad tiene sus propios cánones de conducta por lo que resulta difícil indicar lo que es correcto o incorrecto; la religión también aporta sus normas de conducta que en términos generales buscan la buena relación entre las personas en la observación de los valores morales y éticos.
La interpretación personal del término “correcto” induce a las personas a valorar lo que para ellos significa la aplicación de los valores en general a determinados actos, justificando con argumentos la validez de sus acciones, aunque sean reñidas con la ley, costumbres o tradiciones. A ello podemos denominar ANARQUÍA lo cual significa ausencia de autoridad o poder público o religioso que impida dichos actos.
En la administración pública, los gobernantes están facultados por ley para planificar, analizar y en su caso, autorizar programas económicos para lograr el desarrollo de algunos segmentos de la sociedad; es decir, en beneficio de las clases desposeídas económicamente y la clase media, ejecutando el presupuesto general de la nación y asignando a cada necesidad social la cantidad correspondiente para paliarla o erradicarla.
La administración pública está dirigida o accionada por personas que fueron electas o nombradas para el desempeño de dichos cargos, en el entendido que, son personas intachables, de conducta proba, con conocimiento de las actividades específicas para las que fueron nombrados o electos, es decir, profesionales en su materia.
El ámbito político guatemalteco no respeta esa condición y previo a las elecciones generales de cada cuatro años o cuando le conviene a los funcionarios gobernantes, usualmente hasta se llega a ofrecer los puestos que tienen capacidad presupuestaria cual si fuese mercado público, lo cual es aprovechado por personas incorrectas que se comprometen a realizar determinadas acciones legales pero inmorales en detrimento del erario nacional.
Con tales conductas, se cometen delitos como lo son: las apropiaciones indebidas, coacciones, cohechos pasivos y activos, hurtos, simulación y firma de contratos lesivos al Estado y por ende al patrimonio nacional, concesiones para la “exploración y explotación” de hidrocarburos, minerales, hidroeléctricas, maderas y ríos. De estos últimos, no se puede arrogar el Estado ni el Gobierno de turno la propiedad como para disponer de su venta, alquiler, concesión, licencia de explotación u otro título que otorgue derechos a particulares sobre los mismos.
Todas esas acciones humanas se deberían tomar y decidir en función de un beneficio popular o general; sin embargo, en Guatemala pareciera que los gobernantes de todos los tiempos desconocieron los principios básicos de actuar con base en los valores éticos y morales por los que supuestamente fueron elegidos para dirigir la administración pública.
