José Roberto Alejos Cámbara
El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común, así lo refiere literalmente el artículo primero de la Constitución Política de la República, un artículo con mucha discusión en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), porque a partir de él debió inspirarse el resto del documento y la vocación para velar por su cumplimiento.
La Constitución fue redactada en pleno desarrollo del Conflicto Armado Interno (1960-1996), lo que propició acusaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos entre ambos bandos. Se tenía un Estado en manos de los poderosos, lo que hoy se conoce como “cooptado”, y de allí devenía la nula acción por proteger a la persona, pues paradójicamente era ese Estado quien daba “las órdenes” que hoy mantiene en procesos judiciales a quienes se les acusa de incurrir u ordenar torturas y asesinatos. Tampoco se pensaba en el bien común y prevalecía el bien de unos cuantos. Sin embargo, se debe reconocer que esos gobiernos hicieron mucha más obra física a favor de la población. En otras oportunidades tuvieron actitudes más democráticas que los supuestos gobiernos democráticos de los últimos periodos.
En este mismo espacio escribí sobre la diferencia entre un gobierno militar y un gobierno integrado por militares; también escribí sobre temas que desearíamos que se retomaran y de cómo las acciones de unos militares contra otros militares permitieron el retorno a un sistema democrático.
Al analizar el artículo primero constitucional y la frase “el Estado se organiza” identifico que aquí es donde radica el problema, porque aquel Estado que encontré cuando regresé para hacer política en tiempos de Álvaro Colom, ya era un estado sumamente desorganizado que necesitó mucho tiempo para estabilizarse, pero retrocedimos, y hoy sigue desorganizado y perdido. Recuerdo que cuando fui precandidato presidencial hablé de la refundación del Estado, también lo hice en este espacio periodístico y fui severamente criticado por aquellos sectores de izquierda y de quienes malinterpretaron -o no entendieron- mi propuesta y me señalaron de haberme querido “robar” la idea al definir qué es un estado fallido y hablar de la refundación de éste.
Con solvencia puedo afirmar que si algo le falta al Estado hoy día es organización, y no lo digo sólo yo. Mucha gente valiosa que participa en la administración pública lo reconoce, como reconoce que hay que retomar los temas, empezando por las leyes principales y una de ellas debería de ser la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual se ha convertido en una tarea sumamente difícil porque “toca” de frente a quienes están en el poder y especialmente a quienes tendrían que reformarla.
Seguir en la lucha de su reforma debe ser una prioridad para quienes queremos un cambio en el sistema de elecciones. Pero, no hay que esperar para impulsar las reformas a la Ley del Servicio Civil y así eliminar las plazas fantasma, dar la oportunidad a ser funcionarios públicos, burócratas de carrera por meritocracia y entender que el articulo 113 de la Constitución fue plasmado para garantizar el derecho de los guatemaltecos a cargos públicos fundado en méritos de capacidad, idoneidad y honradez y no para abusar de este artículo en tiempo electoral.
NO SE VALE que sigamos “haciéndonos la brocha”, entendiendo el dicho popular como dejar de hacernos los desentendidos, que pretendamos tapar los hechos maquillando y tapando la realidad; a todos nos viene su significado, incluso a los que hacemos oposición. CONTINUARÁ.
