Tal y como se había previsto desde el momento en que quien se decía ni corrupto ni ladrón se quitó la careta para convertirse en abanderado del extenso Pacto de Corruptos, los diferentes casos de corrupción, que fueron oportuna y eficazmente investigados en Guatemala, están ahora llegando al destino que se trazaron desde el Mariscal Zavala los principales imputados. Uno a uno, con la misma precisión que van cayendo las fichas de ajedrez cuando se les coloca adecuadamente, los diferentes juicios están terminando con la declaración de inocencia de todos aquellos que participaron del reparto del pastel y fueron descubiertos.
La estrategia trazada desde el principio fue la de torpedear los procesos con tácticas dilatorias para ir dando tiempo al acomodo que tenía que darse mediante la conformación de poderosas alianzas en el Congreso que detuvieran la elección de magistrados de Salas y de la Corte Suprema, además de la necesaria renovación amañada de la Corte de Constitucionalidad. Todo ello para completar el absoluto control de la justicia que tuvo en la Fiscalía General una pieza clave y fundamental a fin de que, aniquilados todos los que participaron en las investigaciones, el derrumbe de los procesos llegara como pan comido.
En algunos casos se llegó a decretar la inconstitucionalidad de la tipificación de algunos delitos, como el del financiamiento, lo que ayer sirvió para exonerar a Sandra Torres, y todos los implicados en el financiamiento electoral de la UNE, mientras que en otros la cosa se hizo un poquito más difícil porque los jueces a cargo no se arrodillaban ante los poderosos. Por eso es que se plantearon los procesos contra juzgadores como Aifán y Gálvez, imposibles de controlar, al extremo de forzarlos a dejar los cargos para irse al exilio a fin de no correr la suerte de aquellos fiscales que se pudren en la cárcel.
Y todo ello ocurre mientras la sociedad muestra su más absoluta indiferencia, porque ha resultado más cómodo hacerse los locos que pensar que esa destrucción del Estado de Derecho le puede pasar factura el día de mañana a cualquiera, porque cuando la justicia deja de ser justicia para convertirse en instrumento de las mafias, quien en algún momento sienta que sus derechos son violentados de alguna manera, sea por robo, despojo, un accidente o violencia, se topará con que si no tiene influencias o dinero para comprarlas, no podrá defenderlos y terminarán pisoteados.
El interminable derrumbe de los casos es el preludio de lo que todos los ciudadanos debemos temer porque evidencia que la justicia dejó de serlo para convertirse en instrumento de las mafias, de los poderosos acostumbrados a comprarlo todo. Y cuando los encargados de impartirla la prostituyen (nunca más expresivamente usado el término), se acaba por completo la esperanza de que un perverso sea castigado y que un honesto haga valer sus derechos. Lo de Sandra Torres es fruto de los pactos que hacen entre las mafias que operan sin rubor ni empacho. Pronto veremos a sus diputados aprobando leyes como la reforma a la Ley de Compras porque su exoneración no fue de gratis y forma parte de esa maraña de pactos que se hacen para asegurar el saqueo impune de Guatemala y el próximo fraude electoral.
