Edgar Ortiz
El pasado 25 de octubre la Fundación Libertad y Desarrollo presentó un estudio titulado “Propuesta para mejorar el sistema nacional de contrataciones públicas”, escrito por Irene Flores.
El estudio nos da muchas luces sobre los males de nuestro sistema actual de contrataciones. Por ejemplo, nos recuerda que desde 2009 se han presentado 18 iniciativas de ley y que de ellas 10 se convirtieron en ley. Esta cantidad de reformas han restado coherencia al cuerpo normativo y en ocasiones pueden generar lagunas y contradicciones.
Pero la autora nos advierte que, además, entre leyes, reglamentos y otras disposiciones reglamentarias o manuales existen hasta 199 cuerpos normativos que regulan distintos aspectos del proceso de contrataciones. Esto se agrava con el hecho de que no existe un manual estándar que guíe a los operadores paso a paso, sino que es común que cada entidad desarrolle manuales propios generando una diversidad de estrategias y procesos de compra. Un caos.
El estudio arroja luces sobre el funcionamiento del sistema de contrataciones actual y sus vicios. Por ejemplo, nos cuenta que, aunque la ley establece un periodo de pago de 30 días a los proveedores, en licitaciones y contratos abiertos, el 55% y 49% de las facturas se pagan en un periodo que excede dicho plazo. Esto se debe a que la normativa no asegura disponibilidad presupuestaria al inicio del proceso de compra, a que el procesamiento de pago de cada entidad está sujeta a reglamentaciones o manuales no estandarizados o a que el personal operativo encargado de procesar el pago desconoce qué documentos debe recibir para aprobar la recepción del bien o servicio y el respectivo pago.
El estudio también aborda el factor capacidad institucional. Por ejemplo, el Registro General de Adquisiciones del Estado existe sobre el papel para verificar la capacidad técnica, financiera, experiencia y especialidades de los proveedores el Estado. Sin embargo, lo que se refleja es que actúa como un mero tramitador y verificador de requisitos formales y no como un auténtico contralor de las capacidades de los proveedores.
Sobre el uso de la tecnología vale la pena hacer mención de algunos aspectos fundamentales. El estudio nos cuenta que, pese a que Guatecompras es un portal de fácil acceso, tiene claras deficiencias. Por citar algunas: la información de los procesos es incompleta y no está integrada la fase de gestión y liquidación de los contratos y los documentos están en pesados archivos de PDF de difícil acceso, lo cual dificulta el seguimiento.
El estudio incluye una sección donde se comparan las mejores prácticas de otros países y con una serie de recomendaciones. Para cualquier persona interesada en entender cómo funciona nuestro sistema de contrataciones y cómo debería verse un sistema más funcional y transparente, esta es una lectura obligatoria. Especialmente ahora que en el Congreso se discute la iniciativa 6141 que propone aprobar la Ley de Adquisiciones del Estado y que, a mi juicio, dista mucho de ser la ley ideal.
