Nunca habíamos tenido un día tan “transparente” en la administración de justicia como el de ayer. Mientras, por un lado, se negaban las medidas sustitutivas a la exfiscal Virginia Laparra, de manera prácticamente simultánea otro tribunal otorgaba esas medidas, concretamente arresto domiciliario, a Manuel Baldizón. Y decimos que es un verdadero acto de transparencia porque evidencia, de manera cristalina, la forma de proceder de nuestro sistema de justicia al perseguir y castigar a los que investigaron la corrupción y al mostrarse blando y compasivo con los acusados de corrupción.
Las razones principales para no otorgar medida sustitutiva a la prisión provisional son el peligro de fuga o el riesgo de que el implicado pueda alterar las pruebas o interferir para destruirlas. ¿En quién de los dos sindicados observa usted esas características? La Fiscal nunca resistió arresto y no dispone de medios ni poder para alterar o interferir en la investigación en su contra. Solicitó las medidas porque su familia está en abandono y para poderla cuidar. Baldizón, en cambio, se fue de Guatemala cuando reventaron los casos en su contra y volvió solo cuando fue deportado de Estados Unidos, después de haber sido condenado y cumplir su sentencia.
Además, tiene los contactos suficientes con el jefe de jefes, vía sus hijos, y con el mismo Ministerio Público, como para influir en el curso de la investigación. Y no es pecar de mal pensados suponer que hay toda una componenda específicamente montada para dejarlo libre de toda responsabilidad, como la hay con otros emblemáticos procesados.
Nadie puede negar que nuestra justicia es transparente porque se muestra tal cual es, sin tapujos ni disfraces que puedan usarse, aunque sea para tapar el ojo al macho. Ya ni de esas formas se cuidan y mientras una funcionaria es refundida en prisión en condiciones poco humanas por haber investigado casos de corrupción, otro funcionario es enviado a su casa a disfrutar de la fortuna amasada en negocios públicos, entre ellos el de Transurbano.
Nadie puede tener la menor duda de cómo funciona nuestra justicia y hay que reconocer la transparencia para mostrar la calidad de administración existente en el país.
Aquella célebre frase: “Para mis amigos todo; para mis enemigos la ley” es ahora el mayor dogma jurídico existente en la administración de justicia en Guatemala.
