Sandra Xinico Batz
El 19 de octubre se cumple un año de que los veteranos del Ejército quemaran vehículos que se encontraban dentro del parqueo del Congreso y provocaran destrozos dentro de este edificio, como parte de las acciones que venían impulsando para que se aprobara la entonces iniciativa de ley 5664, que estipulaba el pago de Q120 mil como “indemnización” a los militares por servicios prestados durante el Conflicto Armado Interno; en ese momento los veteranos también pedían que se les otorgara tierra y seguro médico.
Llama la atención el hecho de que un año después, ninguno de los militares involucrados en la quema del Congreso estén enfrentando algún tipo de proceso penal, no hubo un Ministerio Público insistente en investigar y tampoco se ha visto a instituciones como el Ministerio de Cultura, la Procuraduría General de la Nación o el Congreso mismo, hacer algún tipo de reclamo y mucho menos persecución en nombre del “patrimonio nacional”, como si lo han hecho cuando se ha tratado de la población que reclama y defiende sus derechos.
Un año después, aunque no es la misma iniciativa de ley, se ha aprobado en el Congreso de la República la entrega de Q36 mil a cada veterano, un bono con el que han manifestado no estar de acuerdo y contra el cual amenazaron (nuevamente) “correría sangre” si se aprobaba la iniciativa de ley 6073 en lugar de la 5664. Es más que obvio el fin electorero que tiene el hecho de aprobar esta ley en estos momentos y el gobierno ha sido responsable en incitar la violencia que de forma campante los veteranos ejercen; esa policía implacable con la población es complaciente y cobarde frente a los militares que se jactan del entrenamiento kaibil que han tenido.
La violencia con la que actúan los veteranos cada vez que realizan acciones es una muestra de que socialmente el miedo sigue siendo el instrumento de control del Estado colonial, que ha recurrido al Ejército para reprimir y agredir de múltiples formas a los pueblos, a tal punto de cometer genocidio. La ley recién aprobada establece un involucramiento de los veteranos en actividades comunitarias, educativas y sociales lo cual es perjudicial porque ¿en qué aportará a la paz el hecho de involucrar a militares que están orgullosos de la violencia que ejercieron contra mujeres, niñas, niños, ancianas, ancianos y que públicamente dicen que en sus manos está el poder de desatar una guerra si no se les “indemniza” de la forma en que ellos quieren?
El Ejército ha significado terror y muerte para las poblaciones originarias, que han sido obligadas a prestar servicio militar como estrategia del genocidio, para desquebrajar la comunidad y su organización. Aún existe impunidad alrededor del asesinato y la desaparición de miles de personas durante el Conflicto Armado Interno y los problemas estructurales que lo originaron siguen determinando la vida de empobrecimiento de la mayoría de personas en este país.
La violencia, la saña, el terror no pueden ser “bonificados”.
Más dinero para la corrupción.
