Marco Trejo
En primer lugar, quiero manifestar mis condolencias a la familia de las dos mujeres que perecieron al caer su vehículo en el hundimiento que se formó en la Calzada Concepción, zona 6 de Villa Nueva. Se trata de Olga Emilia Choz Ulin, de 38 años, y su hija, Hellen Michelle Mejía Choz, 15.
Este suceso nos tiene consternados, porque a cualquiera nos puede pasar, todo por falta de previsión de nuestras autoridades viales, sobre todo municipales que son las responsables de ver este tema en sus jurisdicciones, según lo estipula el Código Municipal, pero que desafortunadamente nuestras autoridades edilicias prefieren recetarse “jugosas” dietas por reunirse a platicar en vez de encontrar solución a sus problemas locales.
La Contraloría General de Cuentas (CGC), reporta que la Municipalidad de Villa Nueva gastó Q5 millones 288 mil en pago de dietas para su concejo entre el 1 de enero y el 21 de junio de 2022, dinero que perciben fuera del salario mensual que tienen asignados o sea que, si el “festín” sigue como hasta ahora, para finales de diciembre la cifra podría llegar a más de Q10 millones.
Me recuerdo que, en la campaña política, Javier Gramajo criticaba “a todo pulmón” la gestión de Edwin Escobar, juraba y perjuraba que iba hacer una administración diferente, pero desafortunadamente como buen “politiquero” todo quedó del diente al labio, nada cambió y siguió recetándose a manos llenas dinero que debe ser invertido en bienestar para los villanovanos.
La administración de Edwin Escobar, en el momento de entregar el cargo, reportó 1 mil 465 empleados. La de Javier Gramajo aumentó la planilla y ahora hay 1 mil 574 trabajadores que perciben mensualmente Q9.5 millones en sueldos. Esto significa que un tercio del presupuesto de Villa Nueva se destina a salarios, bonos y dietas.
De los Q305 millones de presupuesto que tiene asignado la Municipalidad de Villa Nueva, según información pública, la gestión de Gramajo ha erogado Q121 millones en sueldos y prestaciones laborales para los empleados entre el 1 de enero y el 26 de septiembre de este año. Eso representa el 39 % del total que tiene asignado.
No es justo que el dinero del presupuesto, no sea invertido en resolver necesidades urgentes de la población, la cual confió en un discurso electoral, que le impactó para emitir el voto y que al final de cuentas tengamos que vivir la historia de la familia Mejía Choz, por la falta de previsión de un grupo de funcionarios, quienes solamente piensan, en su bienestar económico y no en el de los ciudadanos que confiaron en la palabra de un candidato opositor.
Y ahora salen los de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), a tratar de convencer la situación que se vive por las lluvias, donde hemos visto derrumbes, hundimientos, inundaciones y daños en nuestra red vial que nunca antes habíamos visto, salen los jefes edilicios, a decir que quieren pedir al Congreso, que sea decretado un estado de calamidad. ¡Qué nivel de funcionarios los que tenemos!
Los “honorables alcaldes” le echan la culpa a la naturaleza, pero se olvidan decir que la corrupción estatal y falta de protección social incrementan la vulnerabilidad de un país ante eventos naturales, tal como demuestran estudios realizados a nivel mundial.
De los 340 jefes edilicios de la gestión pasada, únicamente 83 lograron reelegirse y los otros 257 son nuevos, pero que, por lo visto en las últimas semanas, solamente unos pocos se salvan por el trabajo realizado y se nota que si invierten en sus comunidades.
Otra de las cosas que salen a flote en estas emergencias que se viven, es que la época lluviosa deja al descubierto que los materiales que se usan en el mantenimiento de carreteras es de “papel”, tenemos una red vial “colapsada y con una gran cantidad de “barrancos”, porque dejaron de ser hoyos, que afectan la economía y el turismo, porque nadie quiere volver a sufrir el calvario que se vive realizar un paseo por territorio nacional.
Las carreteras que se inauguran o bien que se reparan en menos de seis meses ya tienen hoyos y grietas, el pavimento o el cemento que utilizan debería de ser supervisado y verificado, para que las empresas que fueron escogidas, para este tipo de trabajos, cumplan con colocar los materiales que ofrecen y que no “ahorren” en el uso de materiales inadecuados, que lo único que nos demuestra que la corrupción no solamente es estatal.
