Raúl Molina
Cuando concluyó el período de Colom, en el cual el poder real lo ejerció Sandra, alertábamos de que Guatemala era un “Estado casi fallido”. Las instituciones no funcionaban o lo hacían de acuerdo a intereses particulares, la violencia nos tenía en su puño y las medidas populistas buscaban la elección de la “Primera Dama”. Pronosticamos que el gobierno del Patriota iba a ser todavía peor. En dos años y medio llegaron al “Estado fallido”, con la máxima concentración de poder político, copando los órganos del Estado, al igual que todos los espacios y decisiones políticas, en función de saquear al país y acumular opulentas riquezas, como mansiones, artículos de lujo y viajes extravagantes del Presidente, la Vicepresidenta y funcionarios de “alto nivel”, todos de la plena confianza del #1 y la #2. Se establecieron mecanismos y redes en toda dependencia o iniciativa que produjera dinero, se consiguieron socios entre grandes ricos y codiciosos empresarios, al igual que en el crimen organizado, y se aplicó la “inteligencia militar”, al mando del #3, para garantizar que todo estaba bajo control y debidamente escondido. Lo que no estaba escondido era la desfachatez y la arrogancia de la Sra. Baldetti, que hicieron que saliera a flote el submarino de la corrupción y la impunidad. Ahí no hay inocentes y por ello la responsabilidad de Obama al sostener a Pérez se convertirá en otra factura histórica de Estados Unidos.
Para lograr este “Estado a saquear”, el Patriota necesitaba profundizar la corrupción del sistema político. Los partidos políticos han servido para organizar mediante alianzas el paso por el Congreso de grandes cantidades de dinero, la selección de magistrados en el Poder Judicial para colocar candados de impunidad, la inacción de militares y policías salvo para acciones represivas contra el movimiento social, y el “desnatado” de todos los recursos que iban al Estado. El sistema político se prestó al saqueo, obteniendo pagos y granjerías en el Congreso y las municipalidades. No todos, dirían algunos; pero las excepciones son mínimas. La responsabilidad de los corruptos ha aparecido nítidamente en el Informe de la CICIG sobre el financiamiento de la política. Aún falta hacer más investigaciones y se habla de más figuras políticas de casi todos los partidos políticos, de ONG y hasta de religiosos que participan en estos mecanismos. Los sectores sociales reclaman, con toda razón, que se investigue la otra cara de la moneda, es decir, los corruptores, incluidos los que aportan fondos desde el extranjero. El sistema político se encuentra desnudo ante la ciudadanía y es insostenible. Por ello, cuatro candidatos presidenciales se han sumado ya a la inmensa mayoría de la población que proclama: “no queremos elecciones bajo las presentes condiciones”. El sistema patalea mientras se derrumba cada vez más y con mayor estruendo. El presente proceso electoral, para “salvar la institucionalidad”, llevaría a un golpe de Estado en 2016, con apoyo imperial y empresarial, para “salvar a Guatemala”. Es mejor que se escuche hoy a la ciudadanía y primero salvemos al país, para luego reconstruir la institucionalidad.
