Las Consultas Comunitarias en temas relacionados con la minería se han realizado en Guatemala desde hace más de tres décadas como una forma de expresión de los pueblos indígenas frente a la extracción de metales en sus respectivos territorios, aunque las mismas no han sido reconocidas como decisivas en la materia. La Corte de Constitucionalidad resolvió, en su momento, que solo el gobierno central puede llevar a cabo consultas sobre la gestión de los recursos naturales.
Y justamente eso ha sucedido con la consulta comunitaria en Asunción Mita, en donde los resultados fueron abrumadores contra la instalación de una mina extractora de oro, puesto que el Ministerio de Energía y Minas resolvió que la misma no tiene validez, ya que “es competencia de ese despacho resolver sobre la autorización de licencias mineras”. Ya la minera había expresado su malestar porque, según ellos, los organizadores de la consulta eran personas opuestas al proyecto que hicieron propaganda con argumentos que calificaron de falsos
El hecho es que esas Consultas Comunitarias son una expresión de los pueblos indígenas, esos cuya voz ha sido ignorada históricamente en el país. El concepto de recursos naturales tiene una enorme diferencia desde el punto de vista estatal y el de los indígenas del país que centran alrededor de la Madre Tierra toda una corriente ancestral de pensamiento que difiere en mucho de la visión ladina, lo que marca profundas diferencias que se manifiestan en consultas realizadas de manera pacífica.
Si tuviéramos un verdadero Estado de derecho y las decisiones de las instituciones del Estado fueran resultado de la observancia exacta de la ley, especialmente en temas orientados a la preservación del medioambiente, seguramente no habría tanta oposición como la que se genera cuando hay experiencias anteriores de trámites que obvian los estudios de impacto ambiental porque el factor decisivo para extender la licencia fue el acuerdo bajo la mesa entre inversionistas y funcionarios.
Está refundido un caso reciente, el de la alfombra mágica, que envolvía millones, y que se liga a una empresa minera beneficiada con toda clase de privilegios que son el común denominador de la tramitación de esas licencias y de cómo hasta se llega a la represión de las comunidades que manifiestan su desaprobación y reclaman en materia de daños al medioambiente.
Un gobierno que hace las cosas bien debe tener argumentos sólidos para justificar sus decisiones y está obligado a comunicarlo a los pobladores. Pero cuando eso se deja de hacer, por la razón que sea, se abre el espacio a la opacidad que genera duda e inconformidad.
