Samuel Flores
¿Dónde están los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, ahora que la CSJ ordenó la reinstalación de Blanca Stalling en su puesto de vocal VII, y que deberá –además– recibir Q5.7 millones por concepto de salarios y prestaciones?
El 3 de agosto 2022, el diputado unionista Álvaro Arzú, cuestionó en un video el cálculo que podría recibir el ex procurador de los Derechos Humanos, PDH, Jordán Rodas, por el tiempo que desempeñó el cargo y que alcanzó los Q534,601.00. En ese audiovisual Arzú dijo: “Mi opinión personal es que las personas que son electas para un cargo que tiene un tiempo determinado en funciones, no deben y no pueden cobrar una indemnización por los servicios prestados, porque no es un empleado del Estado, no firma un contrato, sino que es electo para un período determinado”.
Dónde está Arzú, y su colega, el diputado del PAN Manuel Conde, y los demás miembros de la Comisión de Derechos Humanos que deberían externar opinión por los Q5.7 millones que recibirá Stalling al reasumir sus funciones como Integrante de la Cámara Civil de la Corte, y que fue decretada y ordenada por la mayoría de magistrados.
Jordán Rodas cumplió su tiempo al frente de la PDH y lo hizo con “la frente en alto”, sin reproches ni acciones que ameritaran su captura, únicamente recibió ataques provenientes del expresidente Jimmy Morales, y su “rosca de funcionarios lambiscones”; así como de funcionarios y diputados actuales que se vieron incómodos con las resoluciones y labor que realizó desde la PDH.
Hoy, esos diputados que lo atacaron también deberían pronunciarse y decirle a la exmagistrada Stalling que no tiene derecho a cobrar esos Q5.7 millones, y que esos recursos sean empleados para suplir la atención médica requerida por millares de indígenas y campesinos del área rural. Los guatemaltecos lamentan tener que cubrir con sus impuestos ese tipo de resoluciones que únicamente muestran la decadencia del Sistema de Justicia.
Stalling estuvo vinculada al caso Tráfico de Influencias, por supuestamente aprovecharse de su posición para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, que conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.
Stalling fue capturada el 8 de febrero 2017, durante un operativo coordinado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, y fiscales de la legítima Fiscalía Especial contra Impunidad, FECI; a cargo del fiscal Francisco Sandoval; en una abarrotería de la zona 9. Portaba peluca y lentes oscuros, con los cuales, buscaba pasar desapercibida ante las autoridades, sin embargo, fue descubierta. Permaneció detenida en la prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala, pero en agosto 2018 fue beneficiada por el Juzgado Décimo con arresto domiciliario, y hoy es respaldada por la mayoría de magistrados de la CSJ para su reinstalación. Esa decisión judicial fue duramente criticada por usuarios en un foro virtual que habilitó Diario La Hora en sus redes.
