La Constitución salvadoreña, como la nuestra, no permite la reelección de los gobernantes, lo cual se explica por la larga experiencia que ambos pueblos han tenido tras vivir bajo tiranías funestas, lo que hizo que los constituyentes se preocuparan por dejar expresa la prohibición para que un Presidente pueda proclamarse nuevamente, tomando en cuenta también la fragilidad de nuestro sistema electoral que a lo largo de los años ha dado lugar a la comisión de muy burdos fraudes.
Uno de los avances que tuvimos nosotros con la última Constitución fue la creación de la Corte de Constitucionalidad como supremo mecanismo de control para garantizar el absoluto imperio del Estado de Derecho, entendiendo que es el tribunal llamado a evitar abusos o interpretaciones legales que no se ajustan ni a la letra ni al espíritu de la legislación. La independencia de la justicia era algo que los constituyentes dieron por sentado, sin imaginar que sería presa de una enorme conspiración que, al llevarla a extremo, ha permitido que pasen tres años sin elegir a magistrados de salas y de la Corte Suprema, además de que se procedió a cooptar también la misma Corte de Constitucionalidad con un proceso de integración que la terminó alineando.
Ayer en El Salvador, el Presidente Nayib Bukele anunció que se postulará como candidato presidencial para las elecciones que se realizarán en el vecino país en el año 2024, pese a la prohibición constitucional. Allá no existe la CC, pero la Corte Suprema de Justicia es la que cumple con esa función de control constitucional y la misma fue sustituida por el Congreso para colocar magistrados afines al gobierno. En su campaña, Bukele habló de los peligros de las reelecciones y cómo se puede usar el poder para asegurar la reelección de alguien, extremo que calificó de inaceptable. Ahora, sin embargo, ya no se lo parece.
Podrán decir que estoy loco, pero aquí no andamos nada lejos de lo que está empezando a ocurrir en El Salvador. Yo no me trago la patraña de que alguien como Conde pueda ser el candidato del oficialismo, ni siquiera bajo el entendido de que de todos modos el candidato oficial siempre pierde. Además, el acuerdo amistoso que se alcanzó ante la CIDH entre Zury Ríos y la Procuraduría General de la Nación tiene los elementos legales que pueden servir para que la cooptada CC de Guatemala emita una resolución declarando que la prohibición Constitucional para la reelección viola el derecho humano a ser electo y la elimine de un plumazo.
Aquí hemos visto muertos acarrear basura y todos los tiranos han sabido encontrar el camino para ser “reelectos”, aunque sabemos perfectamente que esos comicios nunca fueron realmente elecciones por el amaño que se promovía desde la misma Presidencia. Y ahora, cuando además de haber perdido la CC independiente, también perdimos el TSE independiente y honesto, no hay que ser adivino, ni mal pensado, para imaginar que el tenebroso fantasma de la reelección no está apareciendo únicamente en El Salvador donde, hay que admitirlo, el gobernante es popular, no como aquí que ni es popular ni goza del respeto de la gente.
