Por Luis Alberto Padilla
Hemos dicho antes, e insistimos, que en nuestro país jamás hemos vivido en democracia y que sólo se han hecho tres intentos a lo largo de su historia independiente por establecerla: la república federal de Centroamérica a principios del siglo XIX, la “primavera” democrática de 1944-1954 y el intento actual (a punto de fracasar), que comenzó con la aprobación de la Constitución de 1985 gracias al cual han habido elecciones periódicas y nueve presidentes han sido electos (exceptuando a Ramiro de León nominado por el Congreso como resultado del “autogolpe” de Serrano) en comicios cuya legalidad-legitimidad es incuestionable pues el TSE, hasta ahora (no sabemos si esto puede cambiar el año entrante), ha estado en condiciones de evitar el tipo de fraudes electorales que se practicaban regularmente durante gobiernos militares o dictaduras caudillistas cuya “democracia” era solo de fachada. O sea que es absurdo preguntarse en Guatemala (como suelen hacer las encuestas) si la democracia es preferible a la dictadura, porque no habiendo vivido nunca en democracia nadie está en condiciones de pronunciarse seriamente al respecto. Y otro tanto ocurre cuando se formulan interrogantes acerca de los mejores “candidato(a)s” para la contienda electoral que se avecina cuando la gente no tiene la más peregrina idea acerca de programas de gobierno (que brillan por su ausencia) o acerca de partidos políticos con nombres rimbombantes (Vamos, Todos, Valor y otros por el estilo) porque tal sopa de letras no significa absolutamente nada en el imaginario colectivo.
Pero ahora pasamos a referirnos al título de este artículo. Resulta que en el proceso de restauración del autoritarismo que se puso en marcha desde el gobierno anterior (eliminando la independencia de poderes y los pesos y contrapesos y cooptando instituciones que deberían ser autónomas) también se ha iniciado una “guerra legal” (lawfare como las implementadas en Brasil contra Lula, en Ecuador contra Correa, en Perú contra Castillo o en Argentina contra Kirchner) que aquí ha sido destinada inicialmente a castigar a los jueces, fiscales y operadores de justicia que han demostrado ser honorables e independientes. A muchos de ellos se les ha destituido o se les ha hecho víctimas de acciones legales espurias obligándolos a buscar refugio en otros países, mientras que otros han sido encarcelados y se ha sembrado un clima de terror que mantiene una espada de Damocles sobre el sistema de justicia en su conjunto. En una segunda fase de dicha “guerra legal” se busca aterrorizar a los medios de comunicación, siendo el caso contra José Rubén Zamora el más elocuente por simbólico en cuanto a lo que pueden esperar otros periodistas que se atrevan a desafiar al régimen. Por supuesto, los cínicos pueden decir que frente al asesinato, ejecución extrajudicial o desaparición forzada practicada en nuestro pasado reciente es mejor tener presos políticos, pero no creemos que ninguna persona digna, consciente de la importancia de los derechos humanos y del estado de derecho participe del cinismo de quienes respaldan esta guerra legal.
Pero una cosa es la guerra legal desatada por el pacto de corruptos al interior del sistema de justicia y otra la que ya se ha puesto en marcha desde el Organismo Legislativo contra la ciudadanía en general y en contra de nuestros ecosistemas naturales. Por ejemplo, la iniciativa de ley 5923 busca la privatización de los sitios arqueológicos y lugares sagrados de los pueblos originarios, al igual que 6054 busca suprimir la autonomía de entidades como el Conap (áreas protegidas), INAB (bosques y explotación maderera) y las autoridades para el manejo de los lagos como Amatitlán o Atitlán que, sin ser ningún modelo de funcionamiento por lo menos no se encuentran subordinadas al MARN cuyo ministro es hermano del diputado ponente cuyas credenciales en materia de corrupción no son precisamente impolutas. Corremos el riesgo que bosques, selvas, ríos, lagos y el sistema nacional de áreas protegidas (principalmente la reserva de la biosfera maya en el Petén) sufran una mayor depredación quedando a merced de facultades decisorias concentradas en el “señor ministro”. Y por cierto, otra iniciativa de ley en esta guerra contra el medio ambiente que además de explotarlos se dispone a continuar regalando nuestros hidrocarburos es la 6021 que se propone prorrogar a perpetuidad el contrato con la transnacional petrolera PERENCO, uno de los más lesivos suscritos al amparo de las coimas que se reciben en el Ministerio de Energía y Minas. Y por si lo anterior fuera poco, otra abominable iniciativa de ley (la 6055) reduce las sanciones en contra de los responsables de delitos ambientales exonerando a los infractores de la legislación ambiental vigente y garantizando su impunidad.
Además, a esta “guerra legal” en contra de la naturaleza y de la Madre Tierra habría que agregar las iniciativas que buscan aterrorizar a la población como la propuesta de ley 6076 que pretende legalizar el uso de fuerza letal en contra de manifestantes, incluso si están ejerciendo el derecho de legítima resistencia garantizado por la Constitución de la República. En efecto, según dicha normativa – temporalmente en la cocina del Congreso – bastaría con la presunción que los manifestantes se encuentren armados para liberar de responsabilidad penal a quienes los repriman como ocurrió, por ejemplo, en la masacre cometida por fuerzas militares contra comuneros de los 48 Cantones en el año 2012. A ello se debe que las autoridades de esta auténtica – esa sí – democracia comunitaria se hayan hecho presentes en el Congreso de la República exigiendo poner fin a semejante monstruosidad jurídica. Y podríamos continuar enumerando el arsenal de guerra que la restauración autoritaria viene implementando en el marco de esta guerra contra la naturaleza y la sociedad civil como las aberrantes iniciativas, la 6120, que busca impedir que la Contraloría de Cuentas investigue a donde han ido a parar decenas de millardos de quetzales de los fondos COVID (pero que podría aprovecharse en ese otro foco de corrupción que es el MIDES) o el ya aprobado Decreto 39-22 que busca librarse de molestas publicaciones por medios cibernéticos (no los netcenters pagados por el gobierno, por supuesto), o la ley contra las ONGs (menos aquellas útiles para el saqueo de fondos públicos creadas por los diputados o sus compadres) pero nos parece suficiente con lo ya expuesto. Es indispensable que la ciudadanía se movilice para poner fin a esta guerra legal calcada en el “modelo” del embrión de dinastía Ortega-Murillo nicaragüense, que – dicho sea de paso – está resultando mucho peor que lo que fue la dinastía del sátrapa Somoza. Si no queremos que Guatemala se convierta en otra Nicaragua hay que sumarse a las voces de protesta, hacer uso del derecho constitucional de resistencia e impedir que el pacto de corruptos se salga con la suya.
