Edmundo Enrique Vásquez Paz
La lucha que se ha venido desarrollando en nuestro país por la protección del medioambiente y de los recursos naturales, data ya de varios decenios.
Fueron tiempos difíciles los del comienzo, porque la brega en el sentido de la protección del ambiente y de los recursos naturales no era generalmente reconocida como una necesidad vital para el desarrollo de nuestro país y la vida sana de sus habitantes. Muchas veces incomprendida y atacada por incómoda por parte de muchos, poco a poco se ha venido abriendo brecha.
El esfuerzo ha sido arduo y lo que se ha avanzado se debe a la participación de muchos. Ha habido y se debe reconocer el tanto conocimiento técnico y científico, ingenio y valor de muchas organizaciones de la sociedad civil y personas en lo particular. Y, también, la constancia de las comunidades ancestrales en su lucha por el cuido y el resguardo de los bosques comunales y la vida que en ellos albergan.
Muchas personas, incluso, han sacrificado su vida en esta empresa de proteger lo que es de todos y significa el futuro de todos. Merecen nuestro recuerdo y nuestro respeto. Pero en este momento y en este escrito no pretendemos mencionarlas ni agradecerles puntualmente. La idea es enviar una reflexión sobre lo que, según mi apreciación, se está gestando en el momento.
Durante el último tiempo, se ha venido fraguando en el seno del Congreso de la República un proyecto de ley que se conoce como “Iniciativa 6054” (INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBAR LEY QUE SITÚA BAJO LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LAS INSTITUCIONES DE COMPETENCIA AMBIENTAL). Esta Iniciativa, se ha venido jugando bajo una modalidad que parece haberse convertido en una costumbre. Una mala costumbre; consistente ella, básicamente, en que su proceso sucede en la clandestinidad, esto es: alejada de la vista ciudadana y en contra de la expresa opinión de entidades calificadas para hacerlo. Una mala costumbre que devela una intencionalidad perversa por parte de las autoridades que legislan y que ha terminado por concretar una ejemplar unión ciudadana de rechazo.
La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Recursos Naturales y Medio Ambiente -ASOREMA-, el 29 de agosto del año en curso publicó un comunicado que explica de forma clara el contenido de esa iniciativa de ley y la razón de su inconveniencia. Lo transcribo a continuación en sus partes conducentes:
“Vemos con gran preocupación, que se quiera concentrar la coordinación institucional del tema forestal, aguas, áreas protegidas y de diversidad biológica, en una de las instituciones más débiles de la institucionalidad pública, con menos asignación presupuestaria a escala nacional, reduciendo al CONAP, el INAB, el OCRET y Autoridades del Agua a simples dependencias dentro del MARN, eliminando los espacios de gobernanza intersectorial y de propuesta técnica y científica, los cuales han funcionado logrando la gobernabilidad tan deseada en nuestro país.
“Situar al CONAP, el INAB, el OCRET y las Autoridades del Agua dentro de la institucionalidad del MARN pone en riesgo la autonomía e independencia de toma de decisión, eliminando los pesos y contrapesos a propuestas de aprovechamiento y extracción irracional de los recursos naturales, la diversidad biológica y los bienes y servicios naturales, lo que daría lugar a la alta burocracia y otros males que afectarían la sostenibilidad de los recursos naturales y la biodiversidad.
“El Gobierno de Guatemala debe fortalecer la institucionalidad ambiental, fortaleciendo los sistemas de gobernanza, de control, seguimiento y sanción. La iniciativa de Ley 6054, lejos de fortalecer el régimen de control y sanción, deliberada y contundentemente lo debilita.
“En ese sentido enviamos la siguiente comunicación al Gobierno de Guatemala, al Congreso de la República, y su Comisión de Ambiente, solicitando lo siguiente:
“No aprobar la iniciativa de ley No 6054, ya que debilita los mecanismos de toma de decisiones y la gobernabilidad de las instituciones, […]
“Fortalecer toda la institucionalidad ambiental actual desde sus leyes, políticas, normas e instituciones […]
“Que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales enfoque sus esfuerzos en abordar la problemática ambiental desde sus competencias institucionales directas, como la gestión integrada de los recursos hídricos, de los desechos sólidos y líquidos, […]
“Que se fortalezca la descentralización y el sistema horizontal de gobernabilidad y toma de decisiones de la Institucionalidad Ambiental, […].
Se trata de un texto contundente y alarmante. La buena noticia es que, así como ASOREMA, han sido múltiples las otras organizaciones que se han manifestado igualmente rechazando de manera taxativa el contenido de los diferentes artículos y lo que con ellos concretamente se pretende si no que repudiando lo que con ella se persigue de manera general: dejar la disposición de los recursos naturales del país -patrimonio de todo el pueblo- al arbitrio único de una autoridad designada por el Ejecutivo -un Ministro-, desprotegidos de la tutela que puede ejercer el criterio técnico calificado ante cualquier pretensión de cambio de su uso o manejo y -lo que es más grave- al margen del cobijo y respeto que le pueden ofrecer los que son sus propietarios o poseedores participando, de manera directa, en su administración.
Lo sucedido en este “Caso 6054” es, a mi modo de ver, muy significativo. No creo equivocarme al reconocer que marca un importante hito en la historia del movimiento ambiental en el país en varios sentidos.
Por un lado, porque el “Caso 6054” ha provocado una reacción unánime incluso de sectores que se podría considerar en relativa situación de antagonismo (por ejemplo, en el caso de la idea de la conservación y la del uso agrícola), alrededor de un interés revelado como común para todos los guatemaltecos: la preservación de los recursos naturales, el respeto de su propiedad y el reconocimiento a quienes los protegen y manejan; algo que debe entenderse como un franco signo de capacidad y disposición de conciliar intereses y compartir visiones.
Por el otro lado, porque se revela un tácito reconocimiento al valor del empeño y sacrificio que le ha significado al “sector ambiental” luchar –muchas veces contra viento y marea e incluso contra acusaciones de obedecer a intereses que no son los nacionales– por algo (“la protección de los recursos naturales y el medio ambiente”) a lo que hoy se le está reconociendo su justo valor desde las diferentes perspectivas en que se puede pensar en ellos.
Finalmente, es importante mencionar cómo el “Caso 6054” plantea a la ciudadanía un ejemplo real de lo que es su capacidad de hacer valer sus derechos como conglomerado nacional reclamándolos; sin más distingo que el auténtico sentimiento de que está defendiendo un patrimonio que es propio y que no está dispuesta a que se lo enajene ningún vándalo.
Existe una máxima que reza que el derecho es de quien lo reclama. Y esto es algo que en Guatemala debemos aprender a hacer más allá de lo que consideramos, cada uno, como de nuestra exclusiva y privada propiedad. En aras del bienestar de todos. ###
