El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este lunes falta de resultados en su política para excarcelar a personas no sentenciadas o torturadas por agentes del Estado.
«Algo que es cierto es que no han podido dos secretarios de Gobernación sacar a quienes están ahí (presos) y está demostrado que fueron torturados, y es cierto porque los procedimientos judiciales son de lo más complejos», dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria. Según cifras oficiales, hasta junio pasado había en México 226.916 presos, de los cuales 92.595(40%) estaban en prisión preventiva. Algunos llevan años sin sentencia.
«No hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia (…), y hay todavía mucho burocratismo», añadió. Aunque aseguró referirse a funcionarios «en general», el mandatario izquierdista centró sus críticas en el sistema de justicia.
«Quedaron las prácticas estas de que falta el oficio del juez y no se ha estudiado bien el expediente», afirmó López Obrador, quien refirió el caso de una mujer que no ha logrado recuperar la libertad pese a que en su caso ha mediado el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar.
#EsNoticia 🔴 Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admite falta de resultados en excarcelar a torturados y no sentenciados.https://t.co/0MmEx9wNwS
— ECO TV (@ecotvpanama) August 29, 2022
Los escasos avances en esta materia ocurren pese a que el 25 de agosto de 2021 López Obrador emitió un decreto para identificar y eventualmente gestionar la excarcelación de personas presas sin sentencia, o que hubiesen sido víctimas de tortura. Dicha norma también establece la posibilidad de dejar libres a reos de la tercera edad con enfermedades crónicas, pero que no estén acusados o condenados por delitos graves.
López Obrador pidió este lunes a su secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, empeñarse en la ejecución del decreto para que «los que están injustamente en la cárcel, que son inocentes, los liberen de inmediato».
El presidente se refirió en concreto al caso del mexicano Israel Vallarta, encarcelado y sin sentencia desde 2005 por cargos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas. «Si ya hay elementos suficientes, pedir a la fiscalía que se desista» de la acusación, indicó.
Vallarta fue detenido junto con la francesa Florence Cassez, condenada por secuestro, aunque en 2013 la Suprema Corte de Justicia ordenó su liberación por violaciones al debido proceso, en un caso que provocó un conflicto diplomático entre México y Francia.
Alejandro Encinas, subprocurador de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, ha dicho que la presunta tortura que habría sufrido Vallarta durante su detención debería «invalidar» las pruebas obtenidas posteriormente. Sin embargo, el secuestro está catalogado en México como delito grave.La Suprema Corte debatirá el próximo lunes si anula o no la prisión preventiva de oficio.
