Esta es una vista aérea de la finca Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, en Palm Beach, Florida y que el FBI registró recientemente. Foto La Hora/AP

En el llamado Tercer Mundo el abuso del poder es una especie de ejercicio cotidiano mientras en las democracias más tradicionales se han tratado de mantener los pesos y contrapesos que tienen la finalidad, precisamente, de evitar situaciones que se traduzcan en mal uso de esa autoridad que se ejerce por delegación que el pueblo hace de su soberanía. Eso no significa, desde luego, que nunca se produzcan abusos, pero cuando ello ocurre, el mismo sistema hace los ajustes necesarios para restablecer los valores y principios que son sustento de ese modelo político.

En los años setenta Estados Unidos y el mundo se conmovieron por los acontecimientos que son conocidos como el caso Watergate que es un cúmulo de hechos en los que el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, abusó del poder en una forma sin precedentes, lo que dio lugar a un juicio político en el que iba a ser condenado, por lo que decidió renunciar al cargo y buscar que su sucesor, Gerald Ford, le otorgara un perdón amplio e ilimitado que evitó cualquier consecuencia legal.

Desde el mismo Despacho Oval de la Casa Blanca se dispuso no solo enviar a los llamados “fontaneros” a robar en las oficinas del partido Demócrata cualquier clase de documentos que pudieran usarse para minar a ese partido y fortalecer la campaña de reelección de Nixon, sino también se conspiró para ocultar toda la información cuando esta se hizo pública luego de la captura de los asaltantes de la oficina situada en el edificio Watergate. Y eso generó no sólo la investigación sino el juicio político que culminó con la renuncia del gobernante.

Después de ese manoseo de documentos oficiales que se hizo, Estados Unidos emitió nuevas normas que impiden ocultar información oficial de la Presidencia del país a las instituciones encargadas de la justicia y la legalidad, mismas que se encuentran vigentes, pero que fueron tiradas por la borda por otro presidente igualmente autoritario y que también se creyó siempre superior a la ley, Donald Trump, quien por sí y ante sí dispuso no entregar documentos secretos al Archivo Nacional. En vez de ello, al terminar el período se los llevó a su casa sin tomar en consideración siquiera el concepto de seguridad nacional que está vinculado con el carácter secreto de los documentos.

Si eso pasa en Estados Unidos, con un mejor sistema de pesos y contrapesos y una prensa vigilante, ya podemos imaginar cómo opera el poder en este nuestro Tercer Mundo, sobre todo cuando el Estado de Derecho es sepultado impunemente.

Redacción La Hora

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