Por Jorge Santos
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), organización en la que laboró, se ha dedicado desde hace 21 años y medio a verificar y documentar agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Desde el 2000 hasta la presente fecha, el registro de agresiones ha permitido comprender no sólo los patrones existentes, sino también el contexto en el que se desarrollan las mismas.
El año pasado, la Udefegua al observar el patrón de agresiones, concluyó que el clima de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, no era más que una expresión de la consolidación del Estado autoritario y describió seis indicadores que daban cuenta de ello. El primero de los indicadores lo representa la captura institucional que ha cooptado para el servicio de las mafias las endebles instituciones públicas. Esta captura da paso al segundo indicador que da cuenta de la alineación de los tres poderes del Estado, con lo cual se rompe con el principio básico de independencia de poderes. El tercer indicador se está materializando en el sufrimiento y dolor de la población guatemalteca frente al crecimiento de la violencia común y organizada, así como de la represión política. Por último, la militarización de la vida civil y el conservadurismo son los últimos indicadores observados en el contexto que ha dado paso, al incremento de la persecución política y violencia en contra de lo que el régimen autoritario considera su oposición.
Pero lo más importante de este entendimiento, es que esta consolidación autoritaria y sus indicadores, tienen como objetivo central la restauración de un viejo orden que en lo político hará del autoritarismo y la dictadura la forma de ejercer el poder, profundizará la concentración de la riqueza, los privilegios y la corrupción en su manifestación económica, de la violencia y el control social como expresiones sociales de la misma y de la homogenización de la población bajo la categoría chapines, la expresión cultural de este nuevo régimen. En resumen, la restauración del viejo orden será más empobrecedor, más corrupto, más impune y más violento.
Las cifras documentadas por Udefegua establecen que el Gobierno actual es el más violento de los 21 años y medio en los cuales registra agresiones hacia personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. En tan sólo dos años y medio del gobierno de Giammattei se han registrado un total de 2,646 agresiones, contra las 2,260 agresiones registradas en los 4 años de Pérez Molina, incluyendo los pocos meses que Alejandro Maldonado estuvo en el poder. Y la cifra de estos años ha sido mucho mayor que las 1,642 agresiones registradas durante el gobierno de Jimmy Morales.
Frente a este escenario de incremento de la represión y la persecución política, es necesario que los pueblos, sus movimientos y organizaciones conformemos una amplia articulación para enfrentar este contexto y recuperar, como lo hemos hecho en el pasado, la esperanza por construir democracia, justicia social, equidad y dignidad para todas las personas en Guatemala.
