Tras la publicación en un medio digital inventado, que fue replicada en las redes sociales por cuentas no solo afines, sino que le marcan el paso al Ministerio Público, se inició un proceso penal con extraordinaria diligencia para perseguir el supuesto lavado de dinero que se mencionaba en la denuncia espuria, no obstante que hablaban hasta de un banco inexistente. Y ayer la Corte Suprema de Justicia, esa que sigue porque llevamos casi 3 años sin elegir magistrados, decidió quitar el antejuicio a un juzgador que era señalado en esa “noticia” porque es exesposo de la que fuera Fiscal General, Thelma Aldana.
Diariamente en la prensa seria del país se publican reportajes bien documentados sobre los numerosos actos de corrupción que se ejecutan a plena luz del día, con la absoluta certeza de que el reino de la impunidad está firme. Nadie mueve un dedo para dar seguimiento a esas verdaderas noticias que pintan nuestra dramática realidad, pero basta que los netcenteros que influyen en la Fiscal General digan algo para que, a puro tubo, se armen los casos que ellos “denuncian”.
Al mismo tiempo que los diligentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia daban crédito a los elementos espurios de una denuncia, la Presidenta del tribunal que lleva la causa del sonado caso La Línea tuvo que llamar la atención a la Fiscalía porque a pesar de que se lo había exigido, no cumplió con entregar completo el expediente, lo que refleja el manoseo que se hace con los procesos y la destrucción de pruebas que se lograron presentar durante los días en los que realmente hubo algún esfuerzo contra la corrupción.
La consigna es clara: los fiscales tienen que proceder diligente y rápidamente contra todos los que han tenido, aunque sea periféricamente, alguna relevancia en la lucha contra la corrupción y deben no solo entrampar sino destruir pruebas de aquellos casos sólidamente investigados a partir del 2015. Al fin y al cabo no por gusto los sindicados interpusieron tantas tácticas dilatorias, todas centradas en la esperanza de disponer de un Ministerio Público afín y de que desapareciera la CICIG y la FECI, objetivos que se lograron con creces.
Por supuesto que si se demuestra que existen cuentas de origen espurio en cualquier banco del mundo no solo procedería sino que sería indispensable el debido proceso. Pero no deja de ser llamativo que nunca se investigan las denuncias serias, mientras que las que son evidentemente espurias pero solapadas por los aliados de la Fiscal General, se procesan a velocidad de rayo.
