Por Jorge Santos
Durante los últimos años, la columna vertebral de la estrategia de represión contra personas defensoras de derechos humanos impulsada por la oligarquía, el poder militar, la élite política mafiosa y el sistema de justicia, lo constituye la criminalización. A diferencia de la estrategia implementada durante la mayor parte del tiempo que duró la guerra en Guatemala, las distintas dictaduras militares al servicio del poder económico, utilizaron el terror y la ejecución extrajudicial como el mecanismo de represión por excelencia, sin embargo, ahora la difamación, la denuncia judicial y la privación de libertad son el núcleo central que pretende diezmar las luchas y las resistencias en el país.
Y es que al igual que en el pasado, lo que se pretende por estos mercaderes de la violencia y la muerte no es más que acallar la voz, la resistencia y con ello no permitir que este modelo ideado para imposibilitar el desarrollo de la nación se transforme. Uno de los efectos de la criminalización es aislar a la persona defensora y obstaculizar por completo su capacidad de liderazgo, lo cual prácticamente es una forma de matar en vida.
En prácticamente todos los casos de criminalización documentados hasta ahora, es posible denotar ilegalidad o como mínimo arbitrariedad, que puede ser demostrada en que a la fecha muchos de los casos suelen culminar con la liberación de las personas en la medida en la que al Ministerio Público le resulta imposible demostrar los hechos que les fueron imputados.
La criminalización en Guatemala se da a través de la utilización indebida del sistema penal; la provocación de intranquilidad y zozobra; el desprestigio público que deslegitima y desmoviliza la actuación de las personas defensoras de derechos humanos y el uso de los estados de excepción.
La criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos se da en contextos de violencia generalizada causada por delitos comunes y por crimen organizado, así como por la polarización de la sociedad guatemalteca, secuelas del largo Conflicto Armado Interno, altos niveles de impunidad, y por la implementación de un modelo de desarrollo que no incorpora la visión de desarrollo de los pueblos indígenas y del resto de la población guatemalteca. En los últimos años se ha manifestado en el contexto de la protesta social, contra operadores de justicia que combaten la corrupción y la impunidad o bien contra quienes ejercen la libertad de expresión y emisión del pensamiento.
Sin embargo y aún en medio de este marco de represión y violencia el avance de las y los defensores de derechos humanos no se detiene y no se detendrá hasta construir una sociedad distinta a la que hoy les oprime. Así como esta semana, la población debe de continuar sus esfuerzos de organización, articulación y movilización permanente hasta derrotar y derrocar a este Pacto de Corruptos y a las mafias que lo integran. Mi admiración para aquellas y aquellos que desde distintos ámbitos de acción luchan por una sociedad incluyente, democrática, antipatriarcal y antineoliberal.
