Edmundo Enrique Vásquez Paz
Son varios los textos que circulan en la actualidad llamando a la unidad de la “ciudadanía decente” y a la conformación de “alianzas” para incidir en un cambio. Pero, lo que se reclama es aún una acción en el vacío porque no se propone el modo o manera de lograrlo. Es tiempo de empezar a hacerlo.
Es innegable que, si se trata de un esfuerzo dentro del orden constitucional y régimen democrático vigente, es un emprendimiento que se debe abordar haciendo uso del único instrumental que está a la disposición: la figura de los partidos políticos; con la intención de llegar a conformar una fuerza respetable en el seno del Congreso de la República.
Al referirnos al sistema electoral y de partidos políticos en nuestro país, EL CONCEPTO DE LA CONFIANZA ES FUNDAMENTAL. Simple y llanamente, porque la ciudadanía ha perdido la confianza no solo en los políticos que se autopresentan como tales si no que en las organizaciones que dicen respaldarlos. Esta debe recuperarse para hacer posible la participación ciudadana.
Una de las primeras y grandes desconfianzas que tiene la ciudadanía de a pie está en la desconfianza que se le tiene a “los Representantes”. Desconfianza en términos de que estos nunca parecen representar intereses verdaderamente ciudadanos. Es una desconfianza que está íntimamente ligada con el comportamiento tradicional de los partidos. Un “comportamiento” que no se puede atribuir a ninguna deficiencia realmente fundamental de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Lo que se puede criticar, se encuentra en la esfera de las regulaciones de lo electoral.
Como en Guatemala “los partidos políticos”, como concepto, se hallan en total estado de desprestigio, es necesario realizar un esfuerzo para calificar a uno o varios de ellos como sujetos de confianza para que puedan articularse en un emprendimiento en solitario –o como unión de partidos– que prometa accionar de manera efectiva en la dirección que el país necesita.
Antes de incursionar en temas más de fondo (esto es: en los programas y acciones puntuales que se llegue a acordar que los partidos, unidos en un esfuerzo a largo plazo, impulsen en el seno del Congreso para construir la dirección que el país necesita encontrar), es fundamental definir entre quiénes es que se puede establecer, entre quiénes es que se puede empezar a hablar de “alianza”. Esta es la primera tarea que deben resolver aquellos grupos políticos que estén verdaderamente interesados en constituir una unión consistente que vele por los intereses ciudadanos y del país. Es la tarea de someter a los grupos interesados, a una “prueba de aptitud”.
A mi criterio, el primer paso que habría que dar en el intento de identificar un partido político, o varios, dispuesto a articularse alrededor de un propósito común es verificar su aptitud para depositar en él la confianza ciudadana. En ese sentido, será necesario verificar, para el caso de cada uno de ellos: (a) su verdadera intención de plantearse como respetuoso de los procesos democráticos internos y (b) la auténtica disposición de su dirección partidista de despojarse de cualquier interés político personal y estar dispuesto, por esa razón, a depositar en las manos de la población en general la designación de todos y cada uno de los nominados a puestos de elección popular.
Esa iniciativa, consistente en definir los criterios mínimos que deben reunir los grupos que deseen calificar para integrarse a una unión o movimiento común y convocar a que, los que estén dispuestos a hacerlo, presenten las credenciales necesarias (pruebas de que, fehacientemente, satisfacen los requisitos mínimos que se han establecido) y calificar a los candidatos, la debe asumir una persona en concreto.
[Nota: Lo anterior no debe descalificar a aquellos partidos que insistan en sus particulares planteamientos ideológicos y crean que sus propuestas contienen las fórmulas de salvación nacional. El procedimiento en mención está planteado solamente para identificar a aquellos que crean que, en la actual coyuntura, el gran esfuerzo debe consistir en conseguir una unión. El procedimiento, por demás, no riñe con lo preceptuado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos; ésta regula, debe recordarse, la conformación de coaliciones].
Esta persona, debe ser alguien dispuesto a servir como catalizador de un proceso del cual él mismo se deba saber distanciar lo suficiente para no dar pie a que su participación se confunda con la intención de constituirse en “el” líder. Se necesita que sea una persona con prestigio y lo suficientemente sabia para saber asumir su papel, despojándose de cualquier interés personal.
Posteriormente y más allá de esta primera y principal intervención (selección de los partidos aptos), esa persona deberá ser competente para conducir las sesiones de trabajo en las que se acuerden los detalles de forma y los contenidos precisos del programa de trabajo político que asuman de manera formal los partidos involucrados. Y, adicionalmente, el encargado de comunicar oficialmente esos acuerdos. La ciudadanía exige “transparencia”.
Finalmente, deseo llamar a la memoria un párrafo que escribí en un artículo que publiqué el viernes 25 de febrero titulado “La Trampa en la que nos encontramos” y que abona al mejor entendimiento de estas ideas:
“[…] tampoco es cuestión de darle tiempo al tiempo- lo que queda es abogar por que la ciudadanía […] confluya hacia la formación de [una iniciativa organizada] que sepa ampararse en un partido político [existente] que: a) se preste como vehículo para que [esa iniciativa] pueda participar en ley en una contienda electoral; b) ceda a [esa iniciativa organizada] la potestad de definir su orientación (plataforma mínima y correspondiente [agenda]); y c) -¡SUMAMENTE IMPORTANTE!- le ceda a [esa iniciativa] la absoluta independencia y potestad para que sea la que determine quiénes serán sus candidatos para los puestos de elección popular …”
