La Constitución de Guatemala garantiza no solo la libre emisión del pensamiento sino que, entendiendo la dinámica del ejercicio de ese derecho, el libre acceso a las fuentes de información, tomando en cuenta que los periodistas no fabricamos noticias, sino que trasladamos al público aquellos hechos que nos son informados o son corroborados por fuentes que tienen conocimiento de lo sucedido. La mayoría de las investigaciones que se publican sobre la corrupción se originan en informaciones que proporcionan personas que, de primera mano, conocen los arreglos amañados.
Por supuesto que mientras más cercana y directa la fuente, más detalles conoce, pero también es mayor el peligro que corre quien los comparta, razón por la que mundialmente y en tratados internacionales relacionados con el derecho a la libre expresión, se garantiza la confidencialidad de aquellas fuentes que expresamente piden no ser citadas por temor a represalias que pueden ser de todo tipo. No todos los servidores públicos son parte de las mafias y son muchos los que realmente entienden el significado de ese servicio y el compromiso que demanda; es gente que realiza su trabajo pensando seriamente en servir a los habitantes del país y no en quedar bien con los corruptos de turno.
Pues tras ellos es que se está montando toda una cacería para poner cerrojo a las informaciones sobre la corrupción. Disponen de los medios de investigación para tratar de identificar a los informantes de buena fe, pero finalmente es el periodista que publicó la noticia quien tiene el deber ético y moral de proteger a toda costa el anonimato de la fuente.
Y les interesa especialmente por lo que se está tramando con respecto al próximo evento electoral que quieren que sea el más amañado de la historia y pretenden amordazar a todos los que conozcan los preparativos que se tienen que realizar para garantizar el manotazo a la democracia. Por ello es que, desde ahora, están interesados en sentar precedentes para que nadie que pueda tener conocimiento, por ejemplo, de los amaños informáticos de un resultado electoral, traslade a la prensa detalles que permitan entender la forma en que piensan proceder.
Eso sin hablar de los millones que ya están asignando a los alcaldes no solo para que hagan propaganda sino para que se comprometan a generar los votos que el oficialismo requiere para intentar la “hazaña” de ser el primer partido que logra repetir desde que se creó el actual sistema electoral. La chapina, como todas las mafias, necesita ahora más que nunca de la Omertà o ley del silencio.
