Carlos Figueroa Ibarra
Momento conmovedor en la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, fue aquel en que la senadora María José Pizarro le puso a éste la banda presidencial. Con lágrimas en los ojos y el rostro demudado, en medio de la multitud que coreaba el nombre de Carlos Pizarro Leóngómez, su hija y el propio presidente Petro, deben haber evocado a todos lo/as integrantes del Movimiento 19 de abril que murieron en la lucha por tal transformación política y social de Colombia. Entre ellos, el propio Comandante Pizarro, asesinado por la ultraderecha colombiana apenas cuarenta y ocho días después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el M-19. Carlos Pizarro era en ese infausto 26 de abril de 1990, el candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19.
Detrás del triunfo de Gustavo Petro hay una larga historia de lucha cruenta que comenzó con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948. A la cuota de sangre que pagó el M-19 por la lucha armada realizada entre 1974 y 1990, habría que agregar la que pagó el frente Unión Patriótica impulsado por el Partido Comunista Colombiano que actuó legal y electoralmente entre 1985 y 2002. Imposible olvidar que sus dos candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo), 8 congresistas, 11 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y 3 mil 500 militantes fueron asesinados. También el baño de sangre que implicó e implica la lucha de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además de otras organizaciones guerrilleras que en algún momento existieron.
En este recuento de sacrificio por una transformación democrática y popular de Colombia, también hay que agregar la enorme violencia contra los luchadores sociales pues aproximadamente 1,300 de ellos han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en septiembre de 2016. También las aproximadamente 200 masacres que se han denunciado. Y la represión sufrida por los amplios sectores sociales que protagonizaron la sublevación popular antineoliberal que observamos entre 2019 y 2021.
En un país abatido por la violencia generada por paramilitares asociados a la ultraderecha, por las organizaciones insurgentes, el narcotráfico y otros actores, resulta perfectamente entendible que en su discurso inaugural, Gustavo Petro haya puesto como primer objetivo transformar a Colombia de un “país de la muerte a un país de la vida”. El decálogo de gobierno y compromisos de comienza por ello con la lucha por la paz, el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados con las FARC en septiembre de 2016 y el diálogo sin exclusiones con todos los sectores políticos del país.
Colombia ha sufrido como todo el mundo, el azote neoliberal por lo que su decálogo incluye un compromiso social con los sectores más desvalidos de la sociedad como son adulto/as mayores, niñez y mujeres. Además se ha comprometido en la defensa de la biodiversidad, suelo y subsuelo, mares y ríos, aire y cielo, selvas y bosques y el impulso de las energías renovables. La lucha contra la corrupción también tendrá prioridad así como la defensa de la democracia, empezando con su compromiso de no gobernar a distancia y estar conectado con el pueblo rompiendo los cercos burocráticos. No es menor su referencia final a la defensa de la Constitución de 1991, producto de un proceso constituyente gestado con los acuerdo de paz de 1990 con el M-19.
En su segundo día de gobierno, Gustavo Petro ha enviado al poder legislativo un proyecto de ley para hacer una reforma tributaria de carácter progresivo pues afectará en mayor medida a los sectores más privilegiados. Con esta reforma aspira recaudar 272 mil millones de dólares en 2023 y aproximadamente el doble en 2026. Ese dinero será la base del plan de reformas que fortalecerán al Estado, reducirán la pobreza (39%) y disminuirá la gran desigualdad que existe en el país.
La primera orden presidencial de Petro fue llevar la espada de El Libertador a la fachada del edificio del Senado frente a la Plaza de Bolívar en donde asumió la Presidencia. La misma espada que fue incautada por el M-19 en 1974 y que habría de ser devuelta al Estado colombiano en 1991. Dijo Petro que esa espada no deberá ser envainada, mientras exista la injusticia social en Colombia. El pueblo colombiano ha triunfado y el mundo progresista se congratula por ello. Vienen los momentos más difíciles: conducir la nave de la patria en un mar de aguas procelosas.
