El Caso de Jaguar Energy es una muestra de cómo el tráfico de influencias todo lo enturbia, y a partir de allí no se puede creer en nada. Hasta donde se entiende de los señalamientos contra Gustavo Martínez, hasta ahora se ha demostrado que usó su poder e influencia para proteger a Jaguar en el problema que tuvo con los trabajadores chinos que fueron brutalmente agredidos por el personal de seguridad de la empresa. Usó su poder para impedir que el Cónsul de China en Costa Rica pudiera realizar una visita humanitaria para constatar las condiciones en que estaban esos trabajadores a los que hasta les habían retenido sus documentos migratorios.
Pero si pagaron para lograr ese favor, cómo podemos confiar, por ejemplo, que haya sido transparente el acuerdo alcanzado con Energuate que les evitó un pago millonario en multas y, además, les permitió “empezar a operar” no obstante que la planta no genera lo que se había establecido y tienen que comprar energía en el Mercado de Generadores para asegurar que pueden dar lo que habían ofrecido.
Por todo eso es que en Guatemala uno puede dudar de cualquier tipo de negocio en el que hay pernicioso y muy lucrativo tráfico de influencias que se ha visto como la cosa más normal del mundo y que tiene lugar en muchísimos de los contratos que se hacen con el Estado. La CICIG sostiene que el Presidente no se benefició directamente en la negociación, pero su nombre, sin duda, fue utilizado por su Secretario General y yerno y eso es gravísimo. Hay otros expresidentes que también niegan haberse beneficiado de negocios, pero dejaron que sus yernos, hijos y parentela hicieran micos y pericos otorgando concesiones sumamente onerosas.
Volvemos a la raíz del problema. Aquí lo que está podrido es el sistema y lo que tenemos que cambiar no es sólo de gobernantes, sino de sistema para impedir que cualquiera que llegue se convierta en un instrumento al servicio de la corrupción y eso es imposible en las condiciones actuales porque el sistema está debidamente protegido por sus peones en el Congreso y en la Corte de Constitucionalidad.
Es clarísima la dimensión del problema y más clara aún la imposibilidad de arreglarlo si tenemos que depender de los pillos que se benefician de la podredumbre. Quien no quiera entender esto es ciego o cómplice de un sistema perverso en el que hay mucha gente que obtiene beneficios económicos enormes. Por eso creer en tibias reformas para contener tamaño mal es una tontería.
