Carlos Figueroa Ibarra
En esta estancia en Guatemala, mi patria de origen, prolongada porque finalmente la peste me alcanzó, me ha tocado presenciar un acto más del proceso de instauración de un nuevo tipo de dictadura, la dictadura de la gobernanza criminal.
Me refiero a lo que hemos visto a través de los medios noticiosos: la humillante captura del periodista José Rubén Zamora, el cateo de su casa y el allanamiento de su diario, elPeriódico.
Entiendo por gobernanza, el ejercicio de gobierno indirecto a través de grupos privados que ejercen una influencia poderosa en las diversas instancias del Estado.
En Guatemala, el Estado está siendo gobernado por estos grupos privados, pero hay que advertir en ese ejercicio dos grandes diferencias con respecto a la gobernanza observada en otros lugares.
La primera de ellas: estos grupos privados no son grupos legales de interés capitalista que ejercen influencia a través de su gran peso político.
En Guatemala, esos grupos privados están asociados en primera instancia a sectores que se han nutrido de la corrupción a costa del erario público. En segundo lugar, son grupos que representan los intereses del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, o que están vinculados directamente a dicho crimen organizado. Finalmente, esta constelación se completa con la organización que representa ideológicamente a la ultraderecha, particularmente la derecha neofascista.
La segunda gran diferencia, es que esta gobernanza criminal no se ejerce a través de la democracia liberal y representativa. Lo que estamos observando en Guatemala es el nacimiento de una dictadura, que como las anteriores dictaduras que sufrió este país, es una dictadura escondida detrás de las instituciones que constituyen a dicha democracia.
Al igual que las dictaduras militares centroamericanas que se embozaban en la división de poderes, procesos electorales, autonomía universitaria, pluralismo político, la dictadura de la gobernanza criminal se emboza tras estas instituciones que existen formalmente pero no en los hechos.
La constelación criminal que gobierna Guatemala, paulatinamente ha ido cooptando las diversas instancias del Estado: la presidencia de la república y los ministerios a ella asociados; la Fiscalía General y el Ministerio Público; el Congreso en el cual según me informan alrededor un 20% de sus integrantes están asociados al narcotráfico; la Corte Suprema de Justicia; la Corte de Constitucionalidad; la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (protagonista del Lawfare contra José Rubén Zamora); buena parte de magistrados y jueces.
En unos días, el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, dejará el cargo y probablemente enfrentará la persecución judicial al igual que le ha sucedido a jueces y fiscales honestos, como el juez Miguel Ángel Gálvez quien ha juzgado a corruptos y genocidas.
Al parecer, el sucesor de Rodas hará entrar a dicha procuraduría al orden dominante. La Fundación Contra el Terrorismo, el ariete anticomunista que golpea a diestra y siniestra, siembra el terror a través del asesinato moral y judicial de los opositores.
La dictadura tiene al menos cuatro rasgos esenciales: la supresión de la división de poderes; el poder centralizado a través de una instancia estatal (dictador, fuerzas armadas, partido hegemónico, grupo de poder oculto); el ejercicio amplio de la represión al margen del Estado de Derecho; enorme cuota de poder de funcionarios no electos.
Todo esto es lo que estamos viendo en Guatemala, ese país que no ha cesado de descomponerse desde 1954, cuando el anticomunismo truncó la esperanza.
