Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Tal y como pasó con la Fiscal Virginia Laparra y con otros operadores de justicia, el caso de José Rubén Zamora ha entrado en esa especie de limbo en el que no se cumplen los plazos y se van postergando las etapas procesales bajo excusas que son realmente torpes y que únicamente demuestran la intención de entrampar los trámites ordinarios, prolongando de esa manera no solo la incertidumbre sino la estancia en prisión de los encartados. Si, como dice el fiscal Curruchiche, tienen un caso tan bien armado y contundente, no se entiende cuál es esa intención de mantener la reserva para todos los que no son sus aliados en las redes sociales y de retrasar hasta la audiencia de primera declaración.

Se criticó mucho el proceder de la CICIG, el Ministerio Público y la FECI cuando daban aquellas largas conferencias de prensa en las que trasladaban a la ciudadanía el resultado de las investigaciones y mostraban las pruebas recabadas y daban a conocer los nombres de los sindicados. Se decía que eso atentaba contra la presunción de inocencia, no obstante que simplemente se les mencionaba como acusados, no como responsables ya convictos de los crímenes.

Pero esas conferencias despejaban dudas y permitían conocer los detalles de las investigaciones, mismos que luego se presentaban ante la autoridad judicial competente para el inicio del debido proceso. Al día de hoy únicamente tenemos una serie de contradicciones y la certeza de que la primera declaración no ha sido posible, pero nadie, salvo los ya mencionados netcenteros, tiene información sobre en qué consisten los delitos de los que se está acusando a José Rubén Zamora.

Y por ello se justifican pedidos tan consistentes en el sentido de que se observe y respete el debido proceso y se generaliza la sensación de que todo pueda ser producto de una decisión política de silenciar a la prensa, puesto que cualquiera que tenga un caso sólido contra alguien lo primero que haría es presentarlo para disipar esas dudas y para probar la solidez de sus argumentos.

El caso se ha convertido, como era de esperar, en una auténtica brasa porque las reacciones han sido unánimes de condena, por lo que puede significar en términos de aniquilar la libre expresión, no solo la libertad de prensa, sino todo aquello que signifique traslado de información sobre lo que está sucediendo en el país. Cada día se producen nuevas muestras de preocupación por ese tema y el proceder de los investigadores no está ayudando de ninguna manera. Ni siquiera para dar respuesta al CACIF que, complaciente, cambió su postura original porque al recular dijeron que había que esperar el resultado de la investigación, pero resulta que no hay ningún deseo o interés por avanzar con esa información.

Cuando el río suena es porque piedras trae, dice el dicho. Y las piedras en este caso son ese velo de misterio que están haciendo prevalecer y que mete tanto ruido porque, a falta de evidencias concretas, queda simplemente la sensación de que lo que buscan es acallar a un crítico y mandar un claro mensaje a otros.

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