Si somos honestos tenemos que reconocer que la reforma del Estado tiene que ser profunda y extensa porque toda la institucionalidad está afectada por la propagación de la corrupción y la impunidad como elementos sustanciales de la vida nacional. En ese sentido, la preocupación por la reforma al sector justicia es más que comprensible, sobre todo cuando vemos que el mecanismo para integrar las Cortes y para elegir a las autoridades que tienen hoy por hoy la responsabilidad administrativa en los tribunales, pasa por un proceso viciado en el que los poderes ocultos se adueñaron de las comisiones de postulación para garantizar la elección de los juristas que forman parte del sistema.
Para hoy se anuncia que el Ministerio Público y la CICIG harán una propuesta para reformar la Ley del Ministerio Público, pero ello ocurre luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hicieron su particular propuesta, pasando por alto consensos que se habían alcanzado con otros sectores, entre ellos la misma Comisión Internacional.
El punto es que no se puede olvidar el origen del actual Organismo Judicial de Guatemala y la forma en que quedó integrado con sus Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que tener presente, sin olvidarlo jamás, a qué intereses responden esos magistrados y cuál fue el precio de su nombramiento. Nadie puede hacerse ilusiones con respecto a que el trabajo de la CICIG basta y sobra para desbaratar la impunidad, puesto que se ha visto cómo en el sistema de administración de Justicia se juega con la ley para evitar que los casos siquiera lleguen a la fase importante y decisiva de presentación y evaluación de las pruebas porque los jueces saben entretener los procesos cuando así conviene a los procesados.
Casos paradigmáticos como el de Bancafé son muestra de que los sindicados pueden entorpecer los juicios con recusaciones, amparos y cualquier otra táctica dilatoria, hasta que encuentran al juez que por un cañonazo previamente pactado les deja en libertad.
No hay razón para suponer que esos mecanismos perversos de retardo a la justicia no vayan a ser utilizados ahora por los sindicados de corrupción y avalados por los juzgadores que conozcan de cada instancia de los procesos. Para ver condenado a un corrupto todavía falta mucho camino por recorrer y todo tiene que ver con la forma en que están conformados los tribunales porque no por gusto se hizo un proceso de postulación que fue vergüenza nacional y que estuvo a punto de fracasar, de no ser por el apoyo de la Embajada y la CC.
