La dirigencia del CACIF se presentó la semana pasada para hablar de un conjunto de propuestas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que incluye mejorar la definición de lo que es campaña anticipada y la regulación de la contratación de pauta para la publicidad de los partidos y sus candidatos, pero destaca el último punto de su propuesta que se refiere a un tema crucial, como es el del financiamiento electoral que ha sido causa de la destrucción de la democracia que se pretendió implementar a partir de la vigencia de la actual Constitución Política.
Piden que se defina el financiamiento ilícito para eliminar vínculos entre financistas privados y corrupción, asunto “que se fue más de la cuenta” en el proceso anterior, culpando a la legislación vigente por haber limitado ese financiamiento privado, lo que según ellos puede abrir espacios para financiación no lícita de proyectos publicitarios, por lo que su propuesta es que las normas permitan la trazabilidad de los fondos, pero reduciendo lo engorroso de la norma actual y de los reglamentos vigentes.
En realidad el tema del financiamiento es un aspecto puntual porque se tiene que reconocer que a falta de organización partidaria los partidos en Guatemala dependen del dinero que les puedan dar sus financistas, lo que los convierte en pieza crucial de cualquier actividad política y les confiere un extraordinario poder. De hecho el financista, sea empresario o narcotraficante, gana una posición que le permite incidir de manera directa y proporcional a sus aportes, en las decisiones de Estado.
La trazabilidad del dinero es importante para saber quiénes son los dueños del pastel, pero mientras sigamos con un Congreso como el actual, electo mediante esos famosos listados que apañan la corrupción y la venta de candidaturas, no vamos a disponer de una ley efectiva que no sólo establezca la forma de seguir la huella al origen de los fondos de campaña sino que también establezca límites racionales para evitar que los políticos vendan el alma al diablo, que puede ser de cuello blanco o del crimen organizado, cada cuatro años al recibir dinero a manos llenas, dizque para financiar campaña.
Mucho del dinero que se entrega a los partidos y candidatos no se usa en campaña sino que alguna parte importante termina en sus bolsillos, por lo que es literalmente un soborno anticipado que garantiza privilegios al “donante”, mismos que van desde legislación que les favorezca hasta favores especiales de todo tipo, incluyendo libre tránsito a la droga, por lo que el tema del financiamiento va más allá de la simple trazabilidad.
