Según registro de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), hasta el viernes 22 de julio cuando vencía la vigencia del Estado de Calamidad se habían emitido 93 expedientes para uso de recursos en el marco de dicha emergencia. Destaca que del total 81 corresponden al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
En el registro de Conred se puede observar que 81 de los 93 expedientes emitidos por esa institución corresponden al CIV; así como cinco al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); tres a dos municipalidades; dos al Ministerio de la Defensa (Mindef), así como uno cada uno para los ministerios de Educación y de Cultura y Deportes.
Giammattei afirmó que con su gobierno “se ha mejorado la seguridad, sin embargo, las cifras de violencia van en aumento. Detalles del informe aquí ⬇️ https://t.co/lBnAGsOcDI
— Diario La Hora (@lahoragt) July 22, 2022
POR UNIDAD EJECUTORA
Así mismo, al ver la cantidad por unidad ejecutora, 53 corresponden a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial); 17 a la Dirección General de Caminos (DGC) y 11 del Fondo Social (FSS), las tres pertenecientes al CIV.
De las comunas, corresponden dos a la de San José La Arada y la otra a la de Amatitlán.
COMUNAS Y MSPAS, LAS ÚLTIMAS EN BUSCAR A CONRED
El documento de registro también detalla las fechas en las que fueron entregados esos expedientes a Conred.
Las dos municipalidades lo hicieron el 20 de julio, mientras cuatro del MSPAS y una del CIV fueron ingresados el 21 de julio, siendo las últimas que también emitió la Conred.
Derivado de un mensaje que recibió esta redacción se revisaron los documentos y se corrigió el delito por el cual aceptó su culpabilidad. Detalles acá ⬇️ https://t.co/R83PBMY9a5
— Diario La Hora (@lahoragt) July 22, 2022
ESTADO DE CALAMIDAD FACILITA COMPRAS
El Congreso, dominado por el oficialismo y sus aliados ratificó el pasado 22 de junio el Decreto Gubernativo 3-2022 que dispone el Estado de Calamidad, que era por ocho departamentos, y al modificarlo, amplió la medida a todo el país, al justificar daños nacionales debido a las fuertes lluvias.
Las medidas de control y transparencia señalan que los gastos deben ser avalados por Conred y presentar informes circunstanciados al Congreso.
El decreto es respuesta a los efectos de los ciclones BLAS y Celia que afectaron la mayor parte del país, y que, según las autoridades, se había concentrado en ocho departamentos. Sin embargo, la medida fue declarada a nivel nacional.
El decreto consta de 15 artículos, siendo los números 7, 10 y 11 los únicos referentes a la asignación presupuestaria y gestión de los recursos del Estado, como garantía de transparencia anunciada por el gobierno.
El estado de Calamidad tendrá una vigencia de 30 días que vence este 22 de julio. Durante este periodo, según el artículo 7 del decreto, se autoriza la adquisición o contratación exclusiva de bienes, obras, servicios, suministros de trabajos para el cumplimiento de dicha disposición.
Luego, en el segundo párrafo de este artículo detalla: “Las adquisiciones y/o contrataciones al amparo del presente artículo, únicamente por daños en infraestructura, deberán efectuarse previa constancia de causa y daño emitida por la Secretaría Ejecutiva de la Conred”.
Sin embargo, no se detalla en relación a lo de “causa y daño”, lo cual deja abierto al informe de quien lo elabore y con metodología para evaluar lo que se reporte como deteriorado.
