La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que han emitido 32 expedientes para uso de recursos por estado de Calamidad, de las que 31 corresponden al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Rodolfo García, portavoz de Conred, dijo que esa institución solo avala los expedientes de causa y daño que estén contemplados en el estado de Calamidad y verifican que tengan la papelería completa; sin embargo, no autorizan que se hagan las intervenciones solicitadas.
Comentó que en total son 32 emitidos: seis de Zacapa, cinco en Guatemala, cinco en Izabal, tres en Sacatepéquez, dos en Suchitepéquez, dos en San Marcos, dos en Baja Verapaz y dos en Quiché.
Asimismo, Totonicapán, Huehuetenango, Retalhuleu, Jutiapa y Escuintla tienen una cada uno.
Además, que, por Unidad Ejecutora, 18 corresponden a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial); 13 a la Dirección General de Caminos (DGC), ambas del CIV; y una del Ministerio de la Defensa (Mindef).
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ESTADO DE CALAMIDAD FACILITA COMPRAS
El 22 de junio, el Congreso ratificó el decreto gubernativo 3-2022 que dispone el Estado de Calamidad y lo extendió a los 22 departamentos del país, pese a que el ejecutivo había solicitado esta medida para ocho departamentos debido a los daños registrados en los últimos días por las fuertes lluvias.
Las medidas de control y transparencia señalan que los gastos deben ser avalados por Conred y presentar informes circunstanciados al Congreso.
El decreto es respuesta a los efectos de los ciclones BLAS y Celia que afectaron la mayor parte del país, y que, según las autoridades, se había concentrado en ocho departamentos. Sin embargo, la medida fue declarada a nivel nacional.
El decreto consta de 15 artículos, siendo los números 7, 10 y 11 los únicos referentes a la asignación presupuestaria y gestión de los recursos del Estado, como garantía de transparencia anunciada por el gobierno.
El estado de Calamidad tendrá una vigencia de 30 días. Durante este periodo, según el artículo 7 del decreto, se autoriza la adquisición o contratación exclusiva de bienes, obras, servicios, suministros de trabajos para el cumplimiento de dicha disposición.
Luego, en el segundo párrafo de este artículo detalla: “Las adquisiciones y/o contrataciones al amparo del presente artículo, únicamente por daños en infraestructura, deberá efectuarse previa constancia de causa y daño emitida por la Secretaría Ejecutiva de la Conred”.
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Sin embargo, no se detalla en relación a lo de “causa y daño”, lo cual deja abierto al informe, de quien lo elabore y con metodología para evaluar lo que se reporte como deteriorado.
ANALISTAS FUERON CONSULTADOS
Luego que José Francisco Mejía presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) pidiera declarar estado de Calamidad y de urgencia nacional, La Hora consultó a los analistas Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana y Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) quienes opinaron al respecto.
Marroquín dijo: “que la ANAM en este periodo de Gobierno ha sido una aliada incondicional y sometida a lo dictado por el Gobierno de turno”.
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Agregó: “Colapsado en toda su infraestructura y que quieran usar un mecanismo que solo va a permitir y posibilitar mayor corrupción con un estado de Calamidad y de excepción para seguir gastando los fondos públicos de manera opaca como ya hemos visto, con obras que no resisten ni la primera lluvia del gobierno”.
Hurtado explicó: “Hay que verlo como una necesidad, no solo una oportunidad, no es posible que en el país no exista un régimen adecuado para las emergencias y las urgencias”; además, “la única opción es decretar estados de Excepción y la naturaleza no es para poder agilizar o viabilizar ejecución de fondos públicos”
