Alfonso Mata
Tenemos un gobierno (con los anteriores sucedió otro tanto) que declara calamidad pública no para resolver, sino para sacar provecho. De esa cuenta, declara calamidad pública, por cosas materiales, pero no por calamidades humanas como la desnutrición o la violencia. Esto a gobernantes, legisladores y jueces, no les aporta lo suficiente como para hipotecar de por vida valores y principios y ¡quién sabe! a la sociedad tampoco. Pero el agravamiento de la desnutrición y de la violencia, si produce dividendos para mantener un estatus quo.
Guatemala ante el consorcio mundial de naciones, produce engaño tras engaño. En efecto: en el 2005, fuimos el primer país en Latinoamérica en firmar y adoptar una política sobre seguridad alimentaria, ley que reconoce el derecho a la alimentación PARA TODOS. De igual manera, ante las presiones internacionales de cumplir compromisos, creamos la ley y la Conaprevi: la coordinadora Nacional para la prevención de la violencia intrafamiliar y la mujer y ¡Oh sorpresa! y pese a ello, el control de la violencia ni se controla ni disminuye, igual sucede con la desnutrición. Eso sí, se asignan cuantiosos bienes públicos en reconstrucción de infraestructura, los cuales se sobrevaloran, a efecto de ilícitamente sacarles provecho propio y para algunos y a ello debe sumarse, que terminan siendo de mala calidad.
Tampoco somos tan inocentes como para no alardear internacionalmente y ante el pueblo, que no hacemos algo contra el meter mano a lo ajeno, pues hemos creado una serie de mandatos reglamentos y políticas de vigilancia contra el desfalco y mal uso de los bienes y haberes públicos y sin embargo, la predación y predadores de los mismos, cada vez alcanza mayores proporciones y envuelve en ello, una mayor cantidad de actividades del Estado y aunque la justicia está enterada de tales sucesos, su silencio la delata como cohechora. Así que, aunque los delitos de estado salen a la palestra nacional, todo vale y va de nuevo, sucediendo de todo eso, a plena luz del día.
Así que podemos hablar que, en nuestra nación, no hay ni trabajo serio, ni guías y autoridades eficientes y estructuradas de lucha, contra la corrupción: ni para el sector público (los sindicatos son parte de esa corrupción) ni para la sociedad; esta última, carente de medios para realizar auditoría social precisa. No existen planes ni locales ni nacionales que ayuden a reducir los riesgos de corrupción y el daño público y social; ni la desconfianza que esto conlleva.
En resumidas cuentas: vivimos y hemos creado un estado que ha copado de corrupción toda la administración pública. Que centra su trabajo, ajeno a darle al desarrollo humano el lugar que le corresponde y en donde lo que muchos buscan es explotar un cargo público, con el fin de lograr una ganancia indebida para uno mismo y otros, haciendo uso y abuso del poder, de manera inapropiada. Seamos honestos: hemos creado una nación fruto de nuestra participación pasiva y herencia histórica, que erosiona la legitimidad del Estado de derecho y socava la democracia. Un Estado en que las autoridades más altas y parte del resto de actores más expuestos a los riesgos de corrupción, han desarrollado estructura y métodos de trabajo, para evitar la prevención y detección de la corrupción en sus instituciones.
