POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
Guatemala integra desde hace cuatro años una iniciativa internacional de transparencia fiscal en industria extractiva que tiene como objetivo informar sobre la producción de cada uno de los proyectos mineros y petroleros que operan en el país, así como el monto de los impuestos que pagan al Estado por la explotación de sus recursos naturales.
El Gobierno cumplió con la publicación del primer informe en 2013, un documento laxo sin mayores detalles, mas no con el de 2014, el cual debe contener información más precisa y estricta, siendo el único requisito para seguir contando con estatus de “país cumplidor” en la Iniciativa Internacional de Transparencia en Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés).
Pablo Valverde, Country Manager de EITI, explica en entrevista a La Hora, sobre los avances en la recertificación de Guatemala en materia de transparencia en cuanto a los pagos fiscales realizados por el Sector Extractivo.
La Hora: ¿De qué se trata esta iniciativa para la transparencia?
Pablo Valverde: Es un estándar global que se implementa en 48 países y que es un estándar para la transparencia en la industria extractiva. La idea es que si hay más transparencia, más información y más diálogo, los diferentes grupos que componen la EITI podrán fomentar el buen gobierno de la industria para que haya más desarrollo. Somos producto de la cooperación entre la sociedad civil, empresas y el gobierno tanto a nivel internacional como nacional. En cada uno de los 48 países hay un grupo que trabaja para determinar las formas de implementar esta herramienta.
LH: ¿Qué no es EITI?
PV: La EITI no es un sello de aprobación. Cada año los países que implementan esta herramienta tienen que publicar un informe contextual con datos sobre los ingresos de las empresas extractivas y cuánto recibe el gobierno. Cada dos o tres años hay un control de calidad externo que no es de ni de EITI Internacional ni de ninguno de los grupos en Guatemala sino un indicador como Eastern Young, que controla que la herramienta esté bien engrasada y funcione como debe ser.
Así es como un país se convierte en cumplidor como fue el caso de Guatemala en 2014. Aunque EITI no es un sello de aprobación, lo que si se aprueba es la herramienta en sí. No estamos en condición de hacer juicios de valor pero lo que si podemos hacer es decir si en un país la norma se está cumpliendo de acuerdo a lo que requiere el estándar. A partir de ahí, depende de los diferentes grupos el uso de esta información para obtener el desarrollo. Tampoco es un convenio sino un compromiso que hacen los países con consecuencias.
LH: ¿Por qué se retiró a Guatemala de la lista de países cumplidores en 2015?
PV: Los países tienen que publicar la información que no tenga más de dos años de antigüedad y eso significa que los países publican un informe al año. El año pasado, a finales de 2014, Guatemala debió haber hecho pública la información del 2013; no estuvo en condiciones de hacerlo y el Consejo de EITI Internacional estableció una fecha límite y como tampoco se cumplió, se suspendió al Estado por seis meses.
Si presentan la información antes de que se cumpla el plazo de los seis meses (antes del 30 de junio), se levantará la suspensión automáticamente. Esto es muy común que pase esto en la mayoría de los 48 países que implementan el sistema EITI; no debería ser el caso pero pasa muy seguido.
LH: ¿Cuáles han sido los avances en la recertificación en materia de transparencia en los pagos fiscales para Guatemala?
PV: Pronto tendremos el informe completo para el año 2013 en el que se podrá ver la información sobre las doce empresas mineras y dos de petróleo que han participado durante años pasados y ya veremos cuáles son las diferencias entre lo que han pagado las empresas durante este tiempo y lo que recibe el Gobierno de Guatemala.
LH: ¿Qué debería de cambiar en el modelo extractivista?
PV: Lo que debería cambiar es la mentalidad y utilizar EITI como una herramienta para toda la cadena de valores dentro de la industria extractiva desde el otorgamiento de las licencias hasta las regalías voluntarias al Estado y las municipalidades.
LH: Entonces, ¿EITI no audita los ingresos obtenidos de las industrias extractivas?
PV: Ahí está el potencial que tiene EITI. Si los tres grupos se ponen de acuerdo y plantean que lo que les interesa es el destino de los recursos, están en su completo deber y derecho de utilizar la EITI para resaltar más información sobre esto porque la misma metodología que sirve para el resto del proceso, sirve para esto también. Pero debería ser un acuerdo al que tienen que llegar los tres grupos y una tercera parte independiente, que haga esta evaluación. Lo ideal es que haya un entendimiento común para que se puedan desarrollar políticas más adecuadas en el país.
LH: ¿Cuáles son los retos para la transparencia fiscal en la industria extractiva que hasta el momento no se cumplen?
PV: Lo interesante es cómo quieren utilizar esta herramienta los tres grupos para su propósito. Hasta el momento el proceso guatemalteco se ha limitado a cotejar los números de las empresas y del Gobierno y es lo que han hecho los demás países que componen EITI hasta hoy. El reto ahora es abordar los temas de conflictividad e incluirlos en una agenda de trabajo para el próximo proceso.
LH: ¿Qué sucede con las cláusulas de confidencialidad?
PV: Un obstáculo que suele mencionarse para la divulgación son los requisitos de confidencialidad, ya sea en forma de leyes y regulaciones del país Implementador o en forma de obligaciones en contratos individuales referidos a la divulgación de datos.
Si las cláusulas de confidencialidad impiden que las compañías publiquen información comercialmente sensible, el gobierno debe proporcionar una indicación clara y sin ambigüedades a cada compañía de que la cláusula no se aplica en el caso de la implementación del EITI. Esta indicación debe proporcionarse en los primeros momentos del proceso de implementación para evitar demoras prolongadas una vez que el proceso de compilación de información esté en marcha.
