Víctor Ferrigno F.
Mi solidaridad con Daniel Pascual, líder campesino criminalizado por el Pacto de Corruptos.
La ciudadanía consciente e indignada, nos hemos organizado y auto convocado para construir la resistencia social al #PactoDeCorruptos, que ha cooptado casi la totalidad de instituciones del Estado, y ha emprendido una criminalización espuria contra el honorable Juez Miguel Ángel Gálvez y otros operadores de justicia probos e independientes.
Hoy día, el Juez Gálvez sostiene, en primera línea, la bandera contra la impunidad, que promueven políticos corruptos, empresarios venales y militares masacradores, que desde hace años han emprendido una agenda regresiva para cooptar al Estado e imponer su voluntad. Por ello, llamamos a la ciudadanía consciente e indignada a organizarnos, a movilizarnos y a resistir, bajo el lema de #YoApoyoAlJuezGálvez.
Desde inicios de la década de los 90, emprendimos un proceso para construir un Estado democrático y multicultural de Derecho. Este esfuerzo incluyó el apoyo ciudadano a la negociación de los Acuerdos de Paz, que constituyen el pacto social más abarcador desde la Revolución de Octubre de 1944.
A partir de 1996, se cosecharon logros relevantes en materia política, como el proceso de reforma de la Justicia, que implicó el esfuerzo por la desarticulación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), gesta en la que jugaron un papel relevante la CICIG, las Fiscales Generales Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y los demás fiscales de la FECI, así como el grupo de jueces y juezas probos, entre quienes destacan Erika Aifán, Yassmín Barrios, Pablo Xitumul y, naturalmente, el honorable Juez Miguel Ángel Gálvez.
Es contra este conjunto de ejemplares operadores de justicia que el #PactoDeCorruptos ha lanzado una ofensiva política, mediática y judicial, aplicándoles el Derecho penal del enemigo, dando como resultado que más de una veintena de jueces y fiscales estén procesados, presos o en el exilio.
Los empresarios venales, los políticos corruptos y los militares masacradores, que integran el pacto de corruptos, aprendieron que para gozar de impunidad hay que tomar el poder, y éste les llevó a gestar una inagotable corrupción. Por ello, el pacto de corruptos se ha dedicado sistemática y tenazmente a cooptar todas y cada una de las instituciones del país. Ya solo les faltaba la Procuraduría de los Derechos Humanos y, ayer, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso acordó solicitar al pleno la remoción del Ombudsman, Jordán Rodas.
El último golpe de Estado blando lo dieron la semana pasada, imponiendo a un rector espurio en la Universidad de San Carlos (USAC) y reeligiendo a una fiscal general acusada internacionalmente de corrupta y antidemocrática. Tomar control de la USAC implica dominar el centro de conocimiento más importante del país, con 200 mil estudiantes inscritos en 10 facultades, 9 escuelas no facultativas, 22 centros universitarios departamentales y 2 institutos tecnológicos, en los que laboran casi 11 mil docentes y más de cinco mil trabajadores. Para la clase dominante es de gran relevancia incidir determinantemente en el imaginario colectivo de la Nación, y manipular el papel de la USAC en más de 53 representaciones, con voz y voto, en las instituciones estratégicas más importantes del Estado.
Controlar el Ministerio Público implica dominar la persecución penal del Estado, pudiendo criminalizar a ciudadanos beligerantes y a operadores de justicia independientes, como el honorable Juez Miguel Ángel Gálvez, la Fiscal Virginia Laparra, o la veintena de operadores de justicia que ya están en el exilio. La política institucional de Consuelo Porras ha consistido en criminalizar a cualquier opositor del régimen dominante, para poder seguir prodigando impunidad a los que roban y matan, por hambre o a balazos, como sucedió con Luciano Colorado, del Movimiento Guatemalteco de Pobladores. Por ello, rechazamos la reelección de la Fiscal General, quien sirve incondicionalmente al pacto de corruptos, nombramiento que ha sido objetado internacional y nacionalmente, en particular por las autoridades de Pueblos indígenas.
Todos los avances del pacto de criminales se han consumado porque nuestra respuesta ciudadana ha sido escasa y fragmentada. De ahora en adelante debemos salir a la calle y, como en 2015, gritarles ¡ni un paso más! Al principio seremos pocos, pero llegaremos a ser legión, como cuando desaforamos a Baldetti y a Pérez Molina.
