Si fuera cierto que el Ministerio Público no va a actuar selectivamente y sólo en contra de determinadas personas seguramente que con sólo pensar en temas que ahora están trabajando tendrían para entretenerse por mucho tiempo. Se trata de los casos de la valuación de bienes en la declaración de probidad, de las filtraciones de información bajo reserva y las de violencia contra la mujer en los que ahora avanzan con la velocidad que sólo se ve cuando se trata de perseguir a los que tienen ya la etiqueta de enemigos, sea porque participaron realmente en la lucha contra la corrupción o simplemente porque se les voltearon después de haber alcanzado arreglos para entrampar procesos.
Son miles los funcionarios públicos obligados por la Ley de Probidad a presentar su declaración patrimonial y si, según el criterio del Ministerio Público, los datos consignados no son, a su juicio, reales, proceden a pedir la captura de alguien convirtiéndolo en sindicado la revisión llevaría años. Pero resulta que el artículo 22 de dicha ley establece los requisitos para la declaración y en su inciso e) dice que “en el caso de los bienes inmuebles no es necesario consignar su valor declarado ante la autoridad fiscal correspondiente, siendo suficiente consignar su valor estimado”, es decir que uno puede poner el valor que uno estima puede tener. Según lo publicado en redes sociales a las que el MP les filtra información, la declaración que presentó Thelma Aldana consigna un valor bajo por su vivienda y por ello se le dicta nueva orden de captura sin que la Contraloría hubiera corrido audiencia a la declarante en caso de considerar inexactitud en la información aportada.
Y hablando de filtraciones, también está el caso de procesos iniciados por la divulgación de noticias relacionadas con hechos que se encuentra bajo reserva. Se busca castigar a medios que han publicado casos como el de la alfombra rusa o el Testigo A que no sólo están en reserva sino sepultados, pero es obvio que las mayores filtraciones se producen en todo lo que ofrecen como primicia los netcenteros que divulgan con prontitud el avance de casos como los que se armaron contra ex fiscales de la FECI o ex colaboradores de la CICIG. Si cada mensaje en Facebook o Twitter que lleva esa información desata un caso, no se darán abasto los fiscales para resolverlos.
Y si en la violencia contra la mujer fueran tan efectivos como son para usar la ley de femicidio para perseguir a periodistas, no habría tanta muerte de mujeres ni tanta violencia intrafamiliar.
Trabajando realmente en esos tres delitos y no usándolos selectivamente, otro sería el Ministerio Público.
