Una Guatemala entre persecuciones y violaciones a los derechos humanos fue descrita en marzo pasado por la Alta Comisionada de la Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pero ahora el análisis de su oficina fue ampliado al sector judicial y lucha contra la impunidad al advertir un inminente estancamiento, como describe el informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala durante el 2021.
El análisis describe que en el contexto de la pandemia COVID-19 Guatemala ha continuado enfrentando desafíos sistemáticos y estructurales sobre todo en dos áreas: desigualdad y grupos vulnerables; y el sistema judicial y la impunidad.
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DESIGUALDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Por un lado, la Oficina de la Alta Comisionada (Oacnudh) refirió que los pueblos indígenas y garífunas siguieron enfrentando en 2021 formas multidimensionales de discriminación y desigualdades económicas y sociales exacerbadas en pandemia.
“Esta situación afectó con mayor gravedad el ejercicio de derechos de las mujeres indígenas”, precisó.
Uno de los fenómenos que la Oficina identificó entre los más frecuentes que enfrentan las comunidades indígenas fue el proceso de consulta con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) respecto al derecho minero Fénix.
La Oacnudh señaló que los procesos de diálogo con las comunidades se llevaron a cabo, aunque “no necesariamente cumplen con los estándares internacionales aplicables hoy”. No obstante, resaltó que la oficina continúa en contacto con el MEM para fortalecer estos procesos.
En relación a las mujeres y niñas, detalla que continuaron entre las poblaciones más vulneradas en materia de derechos humanos. Entre los hallazgos se determinó que del 1 de enero al 17 de septiembre el Ministerio Público (MP) registró 60 mil 89 víctimas de violencia de estos perfiles y 478 de femicidio y muertes violentas.
Nuevamente se reconoció la implementación del nuevo Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de violencia, pero se cuestionó que “la asignación de recursos públicos para la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas siguió siendo insuficiente considerando la magnitud del problema”.
Alta Comisionada @mbachelet presentó hoy su Informe sobre la situación de los #derechoshumanos en Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
👇 Mira su mensaje y descarga el informe: https://t.co/fkhF4LTCen#InformeDH2021 #HRC46
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Según los hallazgos de la Oficina en 2021, la comunidad migrante guatemalteca todavía es susceptible a condiciones desfavorables al ser retornada al país.
Además, que algunos casos de expulsiones de migrantes de Guatemala hacia terceros países no garantizaron “el debido proceso ni un examen individualizado” y se documentaron formas de retorno de connacionales con punto de partida o de llegada en condiciones que aseguran “ponen en riesgo la protección de las personas migrantes”.
JUSTICIA E IMPUNIDAD
Algunos retrasos en el correcto funcionamiento del sistema judicial fueron atribuidos por la Oacnudh a la pandemia del COVID-19.
“La mora judicial y el retraso en la elección y toma de posesión de magistrados y magistradas continuaron agravándose como consecuencia de la COVID-19”, describió.
Lo anterior fue ilustrado con las 33 mil audiencias en el ramo penal suspendidas, de las cuales siete mil 203 fueron de primera declaración, “lo cual tuvo un impacto en el derecho a ser llevado sin demora ante un juez y a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Preocupa la práctica de tener a personas en espera de audiencia”, denunció la Oficina.
La medida de hecho se da ante los señalamientos de “fraude” en la elección de Walter Mazariegos como Rector. Aquí detalles: https://t.co/jhucVmI36I
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Además, la falta de voluntad política para renovar las altas cortes de Guatemala fue evidenciada, según lo recabado por Oacnudh con las 68 ocasiones en que el Congreso de la República agendó la elección para el periodo 2019-2024.
Para la entidad, este aplazamiento ha generado un contexto de incertidumbre que impacta en el funcionamiento del Organismo Judicial.
Entre los escenarios preocupantes se señaló la no juramentación de la magistrada Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad (CC) y las continuas “represalias” a las que estuvo sujeto el año pasado el magistrado Francisco de Mata Vela, quien suple temporalmente la vacante de Porras en el tribunal.
La Oacnudh documentó ataques y represalias en 2021 principalmente por actores privados contra:
• 1 magistrado de la CC;
• 1 exmagistrada de la CC;
• 14 fiscales y exfiscales.
Entre los ataques describe el uso indebido del derecho penal para impedir el ejercicio legítimo de su trabajo o “sancionarlos por ello”. Lo anterior incluye solicitudes de antejuicio por supuestos delitos de abuso de autoridad, asociación ilícita y prevaricato; además de seguimientos, intimidaciones y amenazas por medio de redes sociales.
El debilitamiento del sistema de justicia también se vio reflejado en el Ministerio Público (MP), partiendo de los traslados, destituciones y separación de fiscales “que parecen carecer de la debida fundamentación y respeto al debido proceso”.
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