Pedro Pablo Marroquín Pérez
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Durante la presente crisis, tanto el Organismo Judicial como el Legislativo habían logrado pasar desapercibidos y toda la ira, el descontento y el clamor de renuncia se han centrado primero en la exvicepresidenta, “la 2” y luego en el presidente Otto Pérez Molina.
Quién puede olvidar que las cortes elegidas fueron parte de un juego en el que los políticos en el poder y los “principales opositores”, mediante operadores políticos de quienes hoy vemos a uno en prisión, instalaron unos jueces a través de un evidente pacto de impunidad que quedó de manifiesto por la denuncia de Claudia Escobar en contra de Gudy Rivera, caso que duerme el sueño de los justos en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Tras haber llegado con una legitimidad puesta en duda, los magistrados vieron que el barco se empezaba a hundir cuando uno de sus integrantes no cuidó las formas y en dos casos que nos muestran la punta del iceberg, fue vinculada de manera directa, primero por operadores en el Caso “La Línea” y luego por su hijo en el Caso del IGSS.
Y entendiendo el clamor popular que parece tener como paso número uno que Otto Pérez renuncie para luego, ojalá, pasar la presión al Congreso porque estos son los que verdaderamente pueden lograr los cambios al sistema de los que ahora tanto se habla, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió dar trámite a un recurso que debió ser rechazado porque en honor a la verdad e independientemente de que hay cosas por las que Otto Pérez deba responder, tiene entre otras cosas, un error de una fecha que en cualquier otro caso hubiera sido razón para su rechazo automático hasta por un juzgado de paz.
Pero la realidad es que le dio trámite al antejuicio y ahora está en manos de un Congreso que fue puesto en la palestra por la Corte que se intentó lavar la cara y hasta la fecha lo ha logrado, porque si antes no se decía nada de ellos y su papel en este sistema de impunidad, ahora menos.
Es muy probable que el Congreso termine declarando sin lugar el antejuicio porque pueden llegar a estimar que si se otorgara (Pérez no tiene obligación de renunciar), el Presidente puede quedar muy debilitado y ello lo forcé a dejar el cargo; si eso pasa, los partidos políticos temen que todo derive en que no haya elecciones.
Todos los partidos no solo desean que se concreten las elecciones sino que además, desean que se celebren bajo las mismas condiciones que garanticen entre muchas otras cosas, negocios e impunidad. Claro que del diente al labio nos dirán otra cosa, pero quien no quisiera ser parte de la podredumbre seguramente ya se habría retirado desnudado el sistema porque los procesos electorales son un perfecto acuerdo entre políticos y financistas.
Y si el Congreso “ampara” a Pérez, se desvanece toda posibilidad de que éste se convierta en una especie de colaborador eficaz en contra del sistema reconociendo que él era parte del problema pero manifestando que habría querido pasar a ser parte de la solución; esa era el único chance de dejar un legado que le quedaba al Presidente, pero ni modo que si el Congreso lo apoya, luego los va a atacar denunciando los vicios de un sistema colapsado y podrido.
Si el Congreso no otorga el antejuicio la gente de clase media se exacerbará pero el parte será sin novedad porque los políticos tienen su apoyo en las áreas rurales con la gente a la que, de forma precisa y estructurada, le han robado el futuro eliminando las oportunidades de los más necesitados fortaleciendo a cientos de millonarios, mientras empobrecen y niegan oportunidades a millones.
Jugada maestra la de la Corte pero de nosotros seguirá dependiendo que el sistema cambie o se perfeccionen las mañas.
