No, no me refiero en esta oportunidad a la enfermedad que se produce en algunos animales y se transmite por mordedura u otros animales a las personas al inocularse el virus por la saliva o baba del animal rabioso. NO, no me refiero a esa. En sentido figurado, me refiero a la rabia como locución verbal con el significado de sentir ira, cólera, irritación o enojo contra alguien.
El deterioro humano, léase falta de valores, de quienes controlaron y controlan la administración pública incluyendo el impartir justicia y la elaboración de leyes en Guatemala no es nuevo; a través del tiempo las normas éticas y morales que se solían inculcar a la niñez y juventud durante la etapa de crecimiento y educación en el hogar quedaron en el olvido, en desuso por su relativa o a veces nula practicidad en la vida diaria consistente en conseguir de forma fácil e ilegal los bienes de subsistencia.
Estas últimas circunstancias negativas son manifestaciones directas de la población al perder la confianza en las personas que dirigen y administran las instituciones gubernamentales, puesto que, a través de los años, aprovechándose del puesto de poder que ejercen temporalmente, realizaron y realizan desfalcos, robos, apropiaciones indebidas, estafas y otros actos delictivos que, de forma directa afectan la inversión pública y por lo tanto no se puede realizar obras en beneficio de la población (agua potable, caminos, salud, créditos a los campesinos y pequeños empresarios, sistema educativo de calidad y otros).
Ante ello, el efecto combinado de los signos externos más conocidos y constantes como las marchas, obstrucción del libre tránsito, cierre de calles, ocupación de instalaciones públicas de protestas cargadas de ira y frustración, son el resultado de la ilegalidad mayor que provoca la impunidad de la acción de los gobernantes, quienes con un cinismo que muestra su incapacidad no son investigados y mucho menos perseguidos penalmente por sus conductas delictivas en detrimento del erario público y de la población.
La confianza que años atrás depositó la población en el desempeño de las organismos judicial, ejecutivo y legislativo con sus respectivas dependencias e instituciones autónomas y semiautónomas más los supuestos partidos políticos, desapareció. Pareciera que, durante los últimos cien años, hubiera pasado una plaga maldita de langostas humanas llamados presidentes, diputados, alcaldes, funcionarios y empleados que, en casi todas las instituciones del Estado, regalaron, concesionaron y vendieron en términos generales el patrimonio del país a empresas multinacionales y a los más descarados ladrones de la oligarquía nacional.
La polarización en la sociedad se da entre los ciudadanos y las autoridades; en las élites: supuestamente, entre dos visiones de la democracia y esta polarización es irresoluble porque está planteada, de ambos lados como un juego que suma CERO.
El acatamiento de las leyes por medio de la coerción estatal es con exclusividad para el sector mayoritario de la población; las élites económicas compran su inocencia, así como compran sus indulgencias porque las leyes cuando se las aplican lo hacen con enorme discrecionalidad y lo que impera es un claro tráfico de influencias.
