Sergio Penagos
La doctora Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), con sede en Quetzaltenango, enfrentó su primera declaración después de haber sido detenida por una denuncia en su contra, que presentaron Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla de la Fundación contra el Terrorismo. El juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Sergio René Mena Samayoa, la ligó a proceso y la envió a prisión preventiva al centro carcelario Matamoros, indicando que debería ser recluida en una bartolina, como si se tratara de una peligrosa criminal. La acusación que la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) presentó, se basa en que: supuestamente, en su calidad de fiscal interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales, en contra del juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango Lesther Castellanos, quien actúa como querellante adhesivo en esta denuncia. El equipo de delatores incluye al abogado Omar Barrios. Además, Méndez Ruiz y Falla son psicóticos denunciantes y acusadores de exfiscales y fiscales de la FECI. La doctora Laparra fue ligada a proceso por los señalamientos que le hace el Ministerio Público (MP): abuso de autoridad y usurpación de funciones. La resolución fue emitida sobre la base de una investigación del Ministerio Público, a partir de la denuncia presentada, en la cual se indica que Laparra Rivas interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales, presuntamente afirmando hechos falsos en contra del Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, y sin causa legítima. Además, posiblemente ejerció actos en nombre del Ministerio Público. Todo este montaje ridículo es producto de una legislación dictatorial carente de evidencias: presuntamente y posiblemente ¿Por qué no incluyeron la presunción de inocencia?
Toda dictadura, cuando necesita ocultar sus corruptelas se esconde en la teoría de la conspiración. La de Guatemala, con el apoyo de mercenarios que actúan como verdaderos Stalinistas, de acuerdo a los documentos relacionados con la Administración Central de los gulags y los campos de concentración en la Siberia de Stalin, en los que se describe el terror de los años treinta con el establecimiento de una represión contra los imaginarios enemigos del régimen y ahora se está aplicando en Guatemala, a partir de los antecedentes criminales: la represión de los Liberacionistas del 54 y la obsesión de Giammattei por mantenerse en el poder. El Ministerio Público, los jueces venales y los anticomunistas sandía, verdes por fuera y rojos totalitaristas por dentro, son los principales agentes del terror en Guatemala dañando a las familias de los acusados, como sucedió en la antigua URSS cuando Stalin, Molotov y otros miembros del Politburó, aprobaban las listas de mujeres e hijos de los enemigos del gobierno para perjudicarlos. Esta versión chapina de represión a gran escala, con víctimas en todos los estratos sociales, sólo puede ser aplicada por funcionarios de una moral anómica; es decir, fuera de toda norma. En esta dictadura de la anomia participan personajes carentes de principios morales y éticos imitando a su maestro Molotov, aquel bolchevique que convertía una sospecha en una real culpa, aplicando la concepción totalitaria del delito. Pero, la sospecha del delito es una construcción mental del acusador, no algo realizado por el acusado. El modus operandi de Fundaterror, los jueces venales, los mercenarios del Congreso, la prensa fafera y los cobardes netcenteros consiste en convertir sospechas en delitos, con el apoyo del desprestigiado MP para inventar delitos y acusar, siguiendo los lineamientos establecidos por la dictadura, como ocurrió con la exfiscal Laparra, a quien demoraron ser escuchada por un juez porque, en varias ocasiones suspendieron la audiencia mientras preparaban la farsa judicial para inculparla. Finalmente, en una audiencia a puerta cerrada que duró casi ocho horas, con un grosero ataque a la inteligencia como es usual en los regímenes totalitarios, el juez Mena Samayoa ligó a proceso a la doctora Laparra por los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad. Este juez, con total anomia argumentó que: debido a que existe una posibilidad (solo una) de que la exfiscal, por ser Doctora en Derecho, pueda intervenir en la investigación, debiendo guardar prisión preventiva en una bartolina del Cuartel de Matamoros, durante todo el tiempo que duren las diligencias. Esta criminal acción terrorista se prolongará hasta el mes de junio, cuando se programe la audiencia de etapa intermedia en la que se decidirá si la doctora Laparra debe enfrentar juicio por estos hechos.
En un real Estado de Derecho es inconcebible que una Corte de Constitucionalidad, cuyo principio fundamental es garantizar la supremacía del Derecho y sus valores, se convierta en el instrumento que ampara la violación de la Constitución por los otros órganos del Estado para destruir la Democracia, al ser el instrumento idóneo para apuntalar y sostener un régimen autoritario que utiliza el terror como política pública.
