Samuel Flores
24 años después del asesinato de monseñor Juan José Gerardi, coordinador del Informe del Proyecto Interdiocesano “Recuperación de la Memoria Histórica”, REMHI, Guatemala: Nunca Más, la población demanda retomar la investigación que continúa rodeada por el misterio.
La labor testimonial que dirigió monseñor Gerardi revela que 90% de violaciones a los Derechos Humanos en Guatemala cometidas durante el Conflicto Armado Interno fueron cometidas por el Ejército, y el restante 10% por la insurgencia.
El informe recopila información histórica del conflicto armado que dejó unas 200 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y más de un millón de desplazados y refugiados, en 36 años.
Asesinatos violentos, muerte natural, libertad de algún acusado que cumplió su condena, envuelven uno de los sucesos que conmocionaron a la sociedad guatemalteca durante el periodo presidencial del fallecido Álvaro Arzú. La población demanda esclarecer el caso y continuar con la persecución penal que permita identificar y enjuiciar a los autores materiales de ese crimen por respeto a la memoria histórica, intelectuales en el exilio y asesinados, sociedad civil y la población, que durante el Conflicto Armado Interno fueron los sectores más castigados por la política antisubversiva que el estado generó para detener el avance de la insurgencia.
Monseñor Gerardi, de 72 años, fue asesinado la noche del domingo 26 de abril de 1998, en el garaje de la casa parroquial de San Sebastián, ubicada en el Centro Histórico. La ejecución extrajudicial nunca fue esclarecida en su totalidad por el gobierno del expresidente Arzú, (14 de enero de 1996 -14 de enero de 2000). Al contrario, en el 2001, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal concluyó que monseñor Gerardi fue asesinado en represalia por la publicación del informe REMHI. Ese tribunal confirmó que el coronel Byron Disrael Lima Estrada, su hijo Byron Lima Oliva, el especialista Obdulio Villanueva, y el sacerdote Mario Orantes, fueron los responsables de la muerte de monseñor Gerardi. Byron Lima y Villanueva, además de haber sido condenados a 30 años de prisión por el asesinato, perecieron de forma violenta en los centros de privación de libertad donde cumplían su condena.
En medio de los indicios que vincularon el asesinato de monseñor Gerardi con el Estado Mayor Presidencial de Arzú, el MP calificó las declaraciones de Alejandra Reyes, (viuda de Byron Lima), como “prueba no contundente”, en el caso. Sin embargo, ella reveló que la noche del crimen, Lima Oliva “sí acudió a la escena del crimen, con credenciales falsas”. Esta confesión se la compartió el exmilitar meses antes de ser asesinado. En su relato Lima Oliva agregó que uno de los involucrados en la muerte de monseñor Gerardi fue un hijo de Arzú.
Transcurridos 24 años de esa “ejecución extrajudicial”, el caso continúa en el misterio porque no se pudo comprobar quiénes fueron los autores materiales. Es indudable que el poder que ejerció el ex mandatario, le permitió evadir la persecución judicial en la que pudo estar involucrado uno de sus hijos.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción e Impunidad, FECI, y la CICIG, solicitaron en 2018 el retiro de la inmunidad contra el ex alcalde Arzú, cuando presentaron el caso denominado “Caja de pandora”, el cual revelaba detalles de la vida de Byron Lima, que evidenciaban su relación con el exalcalde.
