Un total rechazo hacia los hallazgos del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó el canciller guatemalteco, Mario Búcaro Flores, al asegurar que las apreciaciones contrastan con la “verdadera” realidad del país, actitud similar a la que han expresado Venezuela y Nicaragua, naciones con un diagnóstico poco favorable en criterio de entidades internacionales.
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PAÍSES EN EL MISMO APARTADO
La evaluación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con hallazgos del 2021, será publicada en abril de este año; sin embargo, los Estados incluidos conocen el contenido con antelación.
En esta edición Guatemala, fue incluida en el Capítulo IV.B del Informe Anual de la CIDH, un apartado que desglosa el contexto y las latentes amenazas para los derechos humanos y la especial atención que requieren estos fenómenos.
En la edición de 2020 se incluyó en este espacio a Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes a su vez han sido criticados por la comunidad internacional en cuanto al deterioro del Estado de derecho, la garantía de derechos humanos y la democracia.
Específicamente, el panorama de Guatemala en el 2021 fue percibido como un periodo en donde el espacio cívico y la manifestación ciudadana se redujo, como consecuencia del incremento de difamaciones, discursos de incitación al odio y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, según el documento.
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Asimismo, detalla la reducción del diálogo entre el Estado y sus habitantes; obstaculizaciones sistemáticas para las mujeres, indígenas, personas con discapacidades y jóvenes en conflicto con la ley para acceder a una justicia eficaz.
Todo lo anterior, se suscitó en un contexto en donde aún prevalecía la desigualdad, discriminación corrupción e impunidad; al mismo tiempo que cinco juezas y jueces, una magistrada y exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) y 14 exfiscales sufrieron ataques y represalias, de acuerdo con el diagnóstico de la CIDH.
GT EN LÍNEA DE NICARAGUA
Consciente de estas conclusiones, Búcaro Flores comunicó la objeción formal de Guatemala de ser incluida en el cuarto capítulo del informe, argumentando que no corresponde a la realidad de Guatemala “una nación democrática”, con Estado de derecho y libertad de expresión.
“Todos los que estamos aquí lo sabemos. No es justo. Este informe no refleja la verdad, con esa decisión la CIDH invisibiliza las acciones, avances y logros alcanzados por Guatemala en torno al combate a la corrupción y la impunidad”, afirmó durante una sesión extraordinaria del Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA), a solicitud del gobierno guatemalteco.
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La plataforma fue aprovechada por el Ministro de Relaciones Exteriores para enfatizar una “perfectible y eficaz democracia” en Guatemala, así como el diálogo con cuerpos internacionales para fortalecer las instituciones.
Al igual que el guatemalteco, el 27 de septiembre de 2021, durante la 76a Asamblea de la ONU, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, defendió la soberanía del país, reiterando que existe “estabilidad, paz y seguridad regional e internacional, con indicadores positivos en el desarrollo económico, político y social, en equidad de género, en la seguridad ciudadana y en la erradicación de la pobreza”.
Contrario a estas declaraciones, la CIDH señaló que Nicaragua es afectada principalmente por el debilitamiento del Estado de derecho y la concentración del poder, en referencia a la continuidad del mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al igual que en el caso de Guatemala, la CIDH evidenció la manipulación del derecho penal en Nicaragua, la ausencia de garantías a la independencia judicial y la impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos.
“La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no actúa con justicia y equidad con nuestro país, convirtiendo sus actualizaciones orales e informes en contenidos intencionalmente politizados. (…) Exigimos que tomen en cuenta todas las perspectivas y todos los derechos”, sostuvo el canciller nicaragüense en la asamblea de la ONU.
MISMO ESCENARIO CON VENEZUELA
En 2020, Venezuela fue incluida en el informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que detalló 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, así como 2 mil 891 incidentes adicionales para corroborar patrones de violaciones y crímenes.
Jorge Arreaza, en aquel entonces canciller del gobierno de Nicolás Maduro, rechazó el informe de la ONU.
“Es un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington. (…) Ilustra la práctica perversa de hacer política con los DD. HH. y no política de DD. HH”, dijo Arreaza en septiembre de 2020.
OTROS PRONUNCIAMIENTOS CONGRUENTES CON LA CIDH
En el caso específico de Guatemala, no solo la CIDH ha externado su preocupación respecto al deterioro de los derechos humanos y el agravamiento de la corrupción e impunidad.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó la semana pasada su preocupación por las acciones recientes contra fiscales y jueces que desempeñaron un papel destacado en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala, en el marco de la renuncia de la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán.
La misma opinión fue compartida por la Unión Europea y otras entidades internacionales, incluida la misma CIDH, con un pronunciamiento el pasado 9 de marzo.
Asimismo, funcionarios estadounidenses como los subsecretarios Brian Nichols y Todd Robinson han cuestionado el proceder del Ministerio Público (MP) y la criminalización a actores de justicia.
