POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), informó que la empresa PROSERCO, donde laboraban dos guardias de seguridad privada detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de la gerente de Desarrollo del Grupo Hospitalario Sermesa, no se adecuó ni registró a sus guardias, que no se sometieran a evaluaciones psicológicas y académicas.
Digessp explicó que PROSERCO no cumplió con lo que demanda la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus Reglamentos; el plazo para realizar esa diligencia venció el 29 de mayo.
Según la fuente oficial, tampoco existía movimiento en su expediente para apresurar las diligencias que ordena la normativa.
En esa empresa, laboraban Milton Elder Ricardo Rodríguez Tecún y Osvaldo Osbelí Hernández Gramajo, quienes ayer fueron detenidos por su presunta implicación en la muerte de Xiomara Odeth Reyes Barrera, gerente del referido grupo hospitalario.
Por otro lado, en las verificaciones realizadas tras el crimen, se conoció que los guardias no fueron registrados en la base de datos de Digessp, porque no se sometieron a pruebas psicológicas y académicas.
«Si ellos hubieran sido registrados tendrían que haber aprobado las pruebas psicológicas y académicas, cosa que no sucedió», explicaron las autoridades.
De acuerdo con Digessp interpondrán una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra de PROSERCO, por no adecuarse a la ley.
SIN CUMPLIR LA LEY
El pasado 12 de mayo, La Hora publicó la nota «Difieren sobre adecuación de empresas de seguridad privada», donde explica la resistencia de los prestadores de servicios de seguridad privada para cumplir con la ley.
La Gremial de Compañías de Seguridad Privada, ha reiterado a este vespertino que no existe un plazo para adecuarse -cumplir con el seguro colectivo de vida para sus trabajadores, el seguro de responsabilidad civil, fianza de cumplimiento de sus obligaciones ante los usuarios, capacitaciones a sus trabajadores, entre otros-, pues argumenta que el ahora exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, les extendió un acuerdo ministerial que dejaba sin efecto el 29 de mayo como fecha límite para cumplir con los requerimientos.
Hoy se consultó a Digessp sobre ese supuesto acuerdo y de nuevo dijeron que desconocen la existencia de ese documento.
«Nosotros no tenemos notificación de ese acuerdo, no podemos actuar ante eso. La ley es la ley, pueden existir diez mil acuerdos oficiales, pero no son superiores a la ley», respondieron.
Se intentó obtener una declaración de Elmer Sosa, viceministro de Seguridad, para conocer las disposiciones sobre este tema, sin embargo, no contestó a las llamadas a su teléfono celular.
