POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
El presidente Otto Pérez Molina dijo el pasado 28 de abril, luego que se destapara una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que se crearía una comisión para revisar los contratos abiertos en los diferentes ministerios, que han sido objeto de señalamientos por supuestos actos de corrupción en la actual administración.
Sin embargo, a la fecha no hay una sola investigación o proceso de revisión de estas modalidades de compras, de los que se ha criticado la sobrevaloración y la preferencia de compra especialmente para farmacéuticas, entre otros insumos.
Consultado al respecto, pero sin ahondar en detalles, el ministro de Finanzas, Dorval Carías, respondió vía mensajes de texto, que “se espera que la próxima semana esté funcionando y con gusto anunciaremos los detalles de la conformación de la misma, a finales de la presente semana”.
Sobre esta postura, Hugo Novales, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indicó que en su momento la propuesta del mandatario fue correcta, pero que vuelven las dudas en el manejo de los recursos públicos por la respuesta tardía y la falta de voluntad de implementar un mecanismo en aras de la transparencia y la depuración de contratos sobre los que pesan numerosas denuncias.
Por su parte, el investigador independiente, Renzo Rosal, opinó que urge una revisión minuciosa de todos los contratos del Estado para impedir que haya más compras sobrevaloradas y otros actos anómalos.
Asimismo, criticó que esa forma de adquirir servicios y productos debilita la institucionalidad del Estado, fomenta la corrupción y evidencia mala planificación; además de ir en contra de los principios de igualdad y libre competencia de mercado pues aunque cuenten con sustento legal, los mismos carecen de elementos técnicos a favor de la transparencia.
Finalmente, Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que el Ejecutivo no tendría que conformar una comisión de alto nivel para abordar y sanear estos temas porque esa responsabilidad recae en el Ministerio de Finanzas que en el caso de los contratos abiertos, es la unidad coordinadora y el enlace con las entidades que son adquirientes.
“Fue un anuncio desafortunado en el cual el Presidente quería delegar responsabilidades”, acotó el entrevistado.
Cabe mencionar que en enero de 2015 en una entrevista a La Hora, el presidente Otto Pérez Molina admitió que la corrupción es un flagelo que afecta a todo nivel en el Gobierno y que los contratos abiertos que en el Ministerio de Salud hasta el momento se han autorizado o ampliado, sirvieron para que el sistema hospitalario no se desabasteciera por completo en el último tramo del año pasado.
Ayer, La Hora publicó un reportaje en donde según el portal Guatecompras, existen a la fecha 82 proveedores de contrato abierto en el ramo de medicinas e insumos hospitalarios para proveer mil 633 productos, que a su vez están amparados en 239 contratos.
