En la fotografía el aspirante a Fiscal General, José Urrutia. Foto: La Hora

El aspirante a Fiscal General, José Urrutia tras concluir la prueba psicométrica que llevó a cabo este martes la Comisión de Postulación, se pronunció por los señalamientos en su contra por hostigamiento a activistas de Derechos Humanos y periodistas, argumentando que utilizó su derecho a la libertad de expresión.

 

“Tenemos libertad de expresión, la Comisión consideró que un derecho constitucional como ese, es un derecho individual y que prevalece sobre cualquier tacha”, resaltó Urrutia quien al ser cuestionado si le preocupa que esto pueda afectar su participación añadió que se lo dejaba a la Comisión.

El aspirante recibió cinco señalamientos por varios casos, entre ellos el haber participado en actividades de hostigamiento a activistas de Derechos Humanos y periodistas, así como manifestar su apoyo a la Fundación contra el Terrorismo.

Otro de los señalamientos que rechazó la Comisión, indica que Urrutia ha asesorado a la Fundación contra el Terrorismo y que a través de sus redes sociales comparte información de la referida entidad sobre persecución a operarios de justicia.

Asimismo, Urrutia presentó junto a Sara Santizo y Soazig Amanda Santizo una acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo 59-2019, que da vida a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP.

La Corte de Constitucionalidad informó en su momento que el pleno de magistrados titulares resolvió no decretar la suspensión provisional.

POR DEFENDER A SEÑALADO DE CORRUPCIÓN

La Hora dio a conocer que Urrutia defendió a una persona sentenciada por un caso de corrupción, uno de los aspectos que la Comisión de Postulación estableció como un impedimento para ocupar el cargo.

Según la información, Urrutia, habría presentado ante la fiscal general, María Consuelo Porras una petición constitucional para anular un convenio de colaborador eficaz de Elden Leonel Cabrera Chan dentro de un proceso contra Héctor Florentino Rodríguez Heredia condenado por malversación de fondos.

CASO SIGMA E INCONSISTENCIAS

El aspirante a Fiscal General, según documentó elPeriódico es dueño de una offshore que canalizó US$1.15 millones con los que Sigma Constructores pagó sobornos a Alejandro Sinibaldi, además, este medio informó sobre inconsistencias en el expediente que presentó ante la Postuladora.

La publicación resalta que su titulación fue en la Universidad Rafael Landívar, sin embargo, en su acta notarial que fue elaborada por otra aspirante, señala que se graduó en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El vocero de la Comisión, Luis Aragón Solé, indicó que es un tema que no se ha conocido en la Comisión y que en esta etapa no hay procesos de exclusión.

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