Marco Trejo
Desde hace dos semanas hemos tenido que pagar Q11 más por el valor del galón de combustible, lo cual ha provocado que se hayan disparado los precios de la mayoría de productos, especialmente los de la canasta básica familiar, no hemos visto que el gobierno tome las acciones para paliar este golpe a la economía familiar y que combata a los especuladores.
Aunque los economistas han sugerido que la solución más viable es exonerar, de manera temporal, el Impuesto de Distribución del Petróleo (IDP), nuestros gobernantes se oponen rotundamente a dejar de percibir una millonada, que es utilizada para otros rubros, que no están contemplados en la recaudación de este impuesto.
El impuesto que percibe la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por cada galón comprado es de Q4.70 por gasolina súper, Q4.60 por la regular y Q1.30 por el diésel, además del 12 por ciento del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que deja una buena cantidad de quetzales que no son utilizados para el mantenimiento de las carreteras, sino que van a parar a otros rubros.
Pero lo que hizo el Congreso de la República, para paliar la crisis que afrontamos, fue aprobar el decreto 19-2022, una Ley Temporal a los Consumidores de diésel y gasolina regular, la cual no es una garantía porque, entre martes y jueves, los precios volvieron a subir Q2, mientras que a nivel internacional los precios han ido a la baja.
Pero como no le va a dar risa a los especuladores, sí esta semana la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), anunció que planteo ocho denuncias penales, contra igual número de estaciones de servicio, por el delito de especulación tras haber determinado que aumentaron, sin justificación alguna, el valor del galón de combustible.
Sí la Diaco solamente pudo denunciar a ocho especuladores, pues no hizo un gran trabajo, porque en Guatemala están autorizadas para operar más de 1 mil 500 estaciones de servicio, cuyos dueños se ponen de acuerdo, en la mesa de las diferentes gremiales, para acordar el precio que impondrán a los combustibles y no les importa aprovecharse de la crisis mundial para ganar dinero fácil.
En su anuncio de resultados, la Diaco revela que otras 170 gasolineras fueron denunciadas, por el público en general, lo cual no constituye un gran logro para una institución que tiene la obligación de velar por la supervisión y vigilancia de los precios de los combustibles y lo más fácil sería que fueran, a cualquier venta de combustibles, para comprobar la especulación que se da en el valor del galón de los carburantes.
Aunque las gremiales de combustibles han salido a defender el precio de venta, aseguran que todo depende del valor internacional, los impuestos, la logística y distribución, las comercializadoras locales, que son las que calculan los costos de los carburantes, pero cuando el precio del barril de petróleo baja internacionalmente, aducen que no pueden equipararlos porque ellos compraron más caro.
Aquí lo interesante de este caso, es que los especuladores hacen lo que les viene en gana y no existen leyes o instituciones que los pongan en su lugar, por el contrario siguen llenándose los bolsillos con dinero fácil, con el simple hecho de no respetar una economía de mercado y han encontrado la forma de ser un monopolio, integrado por ocho empresas, que se ponen de acuerdo para hacer de las suyas, con un Ministerio de Energía y Minas débil que no tiene la capacidad de velar por sus ciudadanos.
