Álvaro Pop
Mesoamérica tiene una larga historia de impunidad.
Esa personalidad que nace de la satisfacción de hacer lo que se quiere, sin respetar la norma, política o jurídica que organiza a la sociedad, que le da equilibrio y que le da sentido de comunidad con futuro. Es impunidad.
Digo Mesoamérica porque ese es el territorio que tiene más de mil años de historia, tiene mucho presente con la vida de los pueblos que hoy la habitan y que permanentemente lucha por su futuro más allá de las divisiones político-administrativas.
“Hecha la ley, hecha la trampa”. En Guatemala, desde antes de las Leyes de Indias que intentaron poner orden y limitar los atropellos de los encomenderos en las colonias; luego en la creación del Estado nacional; la reforma liberal que introdujo a sangre y fuego el café en los territorios indígenas; pasando por la “primavera democrática”; llego la guerra a tierras Mayas por más de treinta y cinco años.
Las elites pactan la Constitución del 85 que inicia la era de gobiernos puestos por elecciones y de intentos de instalar la democracia; se firma la paz de las armas entre el gobierno/ejército y la guerrilla; el Congreso de la republica aprueba la llegada de la Comisión Internacional contra la impunidad, recogiendo con ello no solo un clamor, sino reconociendo el secreto a voces del país: el imperio de la injusticia dentro del reinado de la impunidad.
Impunidad es quedar el culpable del delito sin castigo.
Los informes de Naciones Unidas y de los Relatores que al respecto de la administración de justicia han visitado el país refieren que casi todos los delitos se quedan sin resolver. “…en 2008 Guatemala poseía un nivel de impunidad de aproximadamente 98%; mientras que en 2018 este ya se había reducido a un 94.2%”.
La impunidad se mueve y se aceita con la corrupción. No es posible de otra manera. Este carácter en la mayoría de los casos corrupto de la administración de justicia, de la institucionalidad que tiene responsabilidad tanto en el sistema penitenciario, de seguridad pública o persecución penal favorece el imperio de la impunidad.
La gravedad es que tarde o temprano a todos los miembros de la sociedad les afecta.
Es la captura social.
Es venderle el alma social al diablo. Es rentar el futuro a las mafias.
En algún momento del presente o del futuro, cualquier miembro de la sociedad estará afectado. No importa el nivel económico, lo azul de sangre, la blancura o no de su piel; si la impunidad avanza es como la mala hierba en el campo, es como la pandemia del COVID19, muy difícil de controlar.
La lucha contra la impunidad es como la lucha contra el COVID19. Tiene que nacer desde un pacto social. Tiene que ser transparente. Es una lucha al estilo del combate al alcoholismo, reconociendo inicialmente que tiene un problema, una enfermedad y quiere curarse. Implica inversiones financieras, conciencia social, convencimiento de querer un mejor futuro, respeto al Estado de Derecho, reconocimiento de nuestras identidades en un país de mayoría indígena. Implica transformar el actual Estado. Su reforma pasa por el acto inevitable de “… echar a los mercaderes del templo”.
