Jonathan Menkos Zeissig
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Si bien la frase “nunca desperdicies una buena crisis” fue dicha por Winston Churchill –el famoso primer ministro inglés–, son los diputados de los partidos políticos que forman la amplia y antisocial mayoría oficialista en el Congreso de la República y el propio presidente Giammattei quienes la han adaptado a sus intereses.
En el caso de Churchill, se cuenta que la frase le ayudaba a explicar el contexto político tras la Segunda Guerra Mundial que posibilitaba lograr la creación de las Naciones Unidas con el fin de ayudar a la paz mundial y el desarrollo de los pueblos del mundo. Ahora, traída a la realidad guatemalteca, el oficialismo emplea las crisis para sacar diversos provechos que giran en torno a la corrupción, el clientelismo, la impunidad y un fundamentalismo religioso con el que pretenden superar a los talibanes en Afganistán.
En medio de la crisis económica, social y política que vive el país, la mayoría oficialista ha estado impulsando medidas con las que se despilfarra el dinero público, incluyendo la contratación de deuda pública para guardar el dinero sin ningún beneficio, mientras se pagan intereses. Recientemente, so pretexto de ayudar a la población más vulnerable, han decretado subsidios al gas y la gasolina regular. Sin embargo, los subsidios generalizados, ayudan menos al que está en tan malas condiciones que no puede acceder a estos productos y, cuando el mercado es dominado por un pequeño grupo de empresas que pueden (y seguramente así lo hacen) fijar los precios sin ningún control estatal. Estos subsidios acrecientan las ganancias de unos pocos y disminuyen recursos que el Estado podría emplear en un buen programa de asistencia social que atienda el desempleo y el hambre.
Esta semana la mayoría oficialista aprobó la Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, que agrega Q3,191.2 millones el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV). El nombre de la ley suena muy bien, pero en realidad no es más que una línea adicional, fresca y descarada de fondos para el financiamiento de la campaña electoral de los partidos oficialistas. Imagínese que, aunque la ley habla de construcción de infraestructura estratégica, apenas contiene 480 metros de construcción de tramos de carretera nuevos. Si eso no fuera suficiente para ofuscar a la ciudadanía, permítame contarle que el costo de esos metros —ni siquiera es medio kilómetro— tendrá un costo de Q230.7 millones, ¡Q480,700.0 el metro de carretera! Por otro lado, ni siquiera es un tramo completo, está dividido en 240 metros en rutas centroamericanas, 40 metros en rutas nacionales y 200 metros en rutas departamentales.
La probabilidad de obras ficticias, inconclusas y sobrevaloradas es latente. Por ejemplo, la señalización de los 1,608 kilómetros de carreteras propuestos costaría Q122.0 millones, es decir, un costo de señalización promedio de Q75,893 por kilómetro; mientras se destinan Q2,429.7 millones a recapeos mayores y menores y rehabilitación. Los muchos casos en los juzgados y las cotidianas noticias en medios imparciales, nos recuerdan que el MCIV es la copa de la que beben infinitamente los corruptos. Algunas organizaciones sociales han declarado su rechazo a esta ley y exigido al presidente Giammattei que la vete. Desde el sector privado organizado solamente la Cámara de Comercio y el Consejo Nacional Empresarial se han opuesto mientras el resto calla y otorga.
La crisis mundial actual exige que quienes nos gobiernan asuman con responsabilidad el poder que ostentan y tomen medidas y posibiliten cambios estructurales que fomenten el bienestar y el desarrollo de hoy y del futuro. Pero, en Guatemala, trágicamente al parecer esto es como pedirle peras al olmo con partidos políticos que, en mayoría oficialista y sin recato, nos muestran con cada decisión su rostro criminal.
