EI Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), se unió a diversos sectores de la sociedad guatemalteca ante la aprobación y la decisión de archivar la “Ley para la protección de la vida y la familia” y las medidas para contrarrestar el alza de los precios de los combustibles. La casa de estudios manifestó que la dinámica parlamentaria en su tercer año ha despertado inconformidades.
Según la Usac dichas inconformidades se deben a que los productos legislativos, nuevos y en trámite legislativo desde hace años, han mostrado falencias que podrían, inclusive, ser inconstitucionales, tal es el caso del decreto 18-2022, “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”.
“Hay necesidad de mayor debate en el hemiciclo parlamentario, para que todas las voces representadas en el Congreso de la República de Guatemala contribuyan a elevar la calidad de la legislación, superar los falacias exhibidas y sobre todo, dotar de mayor legitimidad a las leyes que entran en vigencia y que aspiran a ser positivas”, puntualizó el comunicado.
El CSU hace un llamado a diputados para que legislen a favor de la población luego de la aprobación de la Ley Provida y las consecuencias económicas en el país de la guerra Rusia-Ucrania. pic.twitter.com/NT6AlL8GZH
— Diario La Hora (@lahoragt) March 17, 2022
PROTECCIÓN A LA VIDA ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Además, la Usac señaló que la protección a la vida es una responsabilidad del Estado según la Constitución Política de la República, abarca desde la concepción y todos aquellos aspectos de la convivencia en sociedad que coadyuvan a gozar de una vida digna a la población.
Por ello manifiesta que es responsabilidad de las leyes y políticas públicas incidir positivamente en el bienestar de los habitantes de este país.
TENSIONES ECONÓMICAS
En relación a la coyuntura económica global, alertaron que está generado volatilidad en los precios internacionales y del petróleo, golpeado la microeconomía de países con bajos ingresos.
Lo anterior conlleva la pérdida adquisitiva de las monedas nacionales por la escalada de precios, que han encarecido la canasta básica en la sociedad guatemalteca.
SOLICITAN ELEVAR LA CALIDAD JURÍDICA
Bajo dicho contexto, la Usac solicita al Congreso de la República de Guatemala, elevar la calidad técnica, jurídica y de aplicabilidad de las leyes que aprueban, para que sean soluciones efectivas a los problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca.
Al Organismo Ejecutivo, le exige una transparente ejecución de los subsidios temporales aprobados por el Congreso de la República, dirigidos a contener la escalada de precios del gas propano, la gasolina regular y el diésel.
“Que el beneficio llegue a los sectores más necesitados, que son los que de manera inmediata ven reducida su capacidad de compra por la inflación que golpea la economía nacional”, detalló la casa de estudios.
A la Dirección de Atención al Consumidor (DIACO) y a los Ministerios de Economía y Energía y Minas, pide el cumplimiento de las regulaciones que eviten la reducción de la capacidad de compra de las familias guatemaltecas, mediante la intensificación de operativos de verificación y control de precios, así como la calibración de bombas dispensadoras de combustible.
Según la entidad la tardía reacción del Estado, ante una inflación importada, podría aumentar la vulnerabilidad de los segmentos sociales que viven en pobreza, agudizando el impacto de la desnutrición y el hambre, aunado a los efectos climáticos de los últimos tres años, que han elevado la inseguridad alimentaria en el país.
Finalmente, la Usac recalcó que, para garantizar la vida como derecho humano, se requiere “coherencia” entre la legislación y las políticas públicas, hacia una visión estratégica para alcanzar el desarrollo integral y sostenible.
