Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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En los últimos tiempos, debido a la manipulación que se hace de la justicia en el país, las audiencias judiciales se han convertido en momentos para que se manifieste solidaridad o desprecio hacia las personas encartadas, todo ello en el marco de la polarización artificialmente generada y que tanto conviene para mantener dividida a la sociedad guatemalteca. Por un lado acuden, hasta con insultos y amenazas, aquellos que no sólo están de acuerdo sino hasta promueven, vía redes sociales, las acciones penales que realiza el Ministerio Público en contra de quienes de alguna manera han sido actores de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y por el otro llegan también activistas sociales, observadores internacionales y hasta embajadores, a mostrar su solidaridad con quienes ellos consideran como injustamente procesados en el marco de esa peculiar situación que se vive en nuestro sistema de justicia.

Por supuesto que cada lado tiene figuras significativas y emblemáticas, como pueden ser los más activos en las redes sociales para respaldar la labor espuria del MP, quienes tienen como contraparte a los más importantes enviados diplomáticos, entre los que, por variadas razones históricas, destaca William Popp, el Embajador de los Estados Unidos de América y miembro del G-13 que es la agrupación que reúne a los enviados de los países que más contribuyen económicamente a impulsar programas de desarrollo en Guatemala.

Llega a ser tan importante la figura de Popp que la mera cúpula del sector empresarial e industrial del país no pudo aguantarse la gana de condenar su presencia en una de la audiencias de antejuicio que se realizó contra la jueza Erika Aifán, objetivo número uno de esa persistente persecución en contra de cualquiera que haya actuado en contra de la corrupción y quien está siendo objeto de una pesquisa encargada a un juzgador que es miembro de la organización que la denunció y que pidió el antejuicio en su contra.

No es primera vez que la Embajada de Estados Unidos es vista con malos ojos por importantes actores del poder económico puesto que ya antes Todd Robinson se había hecho acreedor a ese desprecio, tanto así que hubo inversión en cabildeo para que el gobierno de Trump lo removiera del cargo antes de tiempo, cosa que no lograron, bajo la acusación de que era un enviado de Obama que entorpecía la política trumpista de pleno apoyo a las acciones en pro de la corrupción del gobierno de Jimmy Morales.

Fue tanto el odio de esos chapines contra Robinson que cuando Biden lo nombró subsecretario de Estado a cargo del buró antinarcóticos y para forzar el cumplimiento de la ley, se gastaron cientos de miles de dólares con la intención de frenar su aprobación en el Senado, cosa que finalmente tampoco lograron.

Pues ahora las baterías de los mismos están concentradas en la figura del actual Embajador, dejando atrás aquellos tiempos en que la buena relación con la Embajada era uno de los tesoros más acariciados porque eran muchas las puertas que se podían abrir por esa vía.

Pero la polarización es tan fuerte que los ha llevado a pelear hasta con la cocinera, ya no bajo de agua como lo hicieron con Todd Robinson, sino dando la cara sin tapujos con estruendosos comunicados oficiales.

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