Cada vez se hace más evidente que el famoso Ferrocarril Bicentenario no es más que otro burdo negocio de esos que se han vuelto tan corrientes en nuestro país donde cada día es más cierta aquella expresión de que aquí no hay obra sin sobra, dicha por quien era el representante de la Organización Internacional de Migraciones cuando se le pidió rendir cuentas de los negocios hechos a cuenta del Gobierno de Guatemala. Y es que por más que se indague sobre la experiencia de la firma Remed, que suscribió el contrato para la realización del ambicioso proyecto, no hay nada que acredite experiencia ni antecedentes que permitan suponer que se trata de conocedores del tema.
Por el contrario, todo indica que se trata de un negocio preparado con el específico interés de demandar al Estado por la sencilla razón de que la mayor parte del derecho de vía del ferrocarril se encuentra invadido por pobladores que desde hace años se asentaron en esas tierras y han construido viviendas formales que no serán desmanteladas milagrosamente. Habiendo asumido Ferrovías la obligación de habilitar ese derecho de vía para hacer factible la ejecución del proyecto, la imposibilidad de lograrlo impondrá a Guatemala una obligación millonaria para “resarcir” los daños causados, mismos que se pueden anticipar desde ahora simplemente porque no hay forma de desalojar a decenas de miles de familias que a lo largo de toda la vía férrea se fueron asentando debido a la falta de vivienda.
Y aunque Ferrovías sea una sociedad anónima, por ese manoseo que se hizo de la institucionalidad en tiempos de Arzú, el caso es que será el Estado de Guatemala el que tenga que hacer frente a la demanda millonaria que seguramente vendrá porque lo que si se hizo fue una profunda investigación de la imposibilidad de habilitar el derecho de vía y ese fue el gran atractivo para cerrar el negocio en el que habrá jugosa repartición de bienes que provendrán, como es lógico, del dinero que corresponde a todos los guatemaltecos.
No se trata sólo de un mecanismo para jugarle la vuelta a la ley a la hora de concesionar el servicio de trenes, sino que en realidad los interesados sí hicieron sus diligencias de investigación y saben que no hay forma de que el gobierno pueda desalojar a esas personas, ni siquiera usando la violencia y represión, por lo que está cantada la jugada. Si no hay derecho de vía y ferrovías no lo puede garantizar a Remed, esa empresa podrá demandar por incumplimiento.
