Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
La forma en que Consuelo Porras y el Ministerio Público (MP) están tratando el caso de la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leydi Santizo y de Eva Siomara Sosa, ex fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), nos hace pensar que estamos frente a las dos primeras presas políticas en lo que marca un paso más que nos acerca a Nicaragua.
A Santizo la capturaron la semana pasada y Sosa se presentó tres veces al enterarse que tenía orden de captura. A la ex mandataria de CICIG la capturaron el 10 de febrero y Sosa se presentó ese misma día al juzgado pero “no la recibieron”. Así lo siguió haciendo (3 veces más) hasta que el 15 de febrero, día de audiencia la capturaron.
Ese 15 de febrero usaron esa captura como excusa para no tomarles su primera declaración. El juez, quien es del bajo mundo en el que se encuentra con Mynor Moto, dijo que suspendía la audiencia de primera declaración de Santizo para hacerse saber el motivo de la detención a Sosa. Se había presentado 4 veces y nada. Pasaron la audiencia para ayer 18 de febrero.
Y ayer viernes, volvieron a postergar las cosas toda vez que el MP únicamente hizo la imputación y volvieron a suspender la audiencia hasta el 24 de febrero y con eso logran mandarlas unos días más a prisión.
Pero esto tiene una razón de ser: el caso es tan débil que usaron la reserva para no tener que explicar de qué las acusan, ni tener que mostrar los indicios que tienen y ahora “jinetean” las audiencias para tenerlas “guardadas más días”.
El problema de los plazos en Guatemala es histórico y por eso era fundamental reformar el sistema de justicia, esfuerzo que se quedó en la nada por la necedad de unos y la oposición al cambio de otros. Ni Santizo ni Sosa son las primeras (tampoco serán las últimas) a las que no se les cumplen los plazos, pero sí parecen ser las primeras a las que no se quiere entrar al fondo porque es un caso montado simplemente por litigar con los recursos que les permite la ley.
No hay acusación de haber dado dinero, de haber traficado influencias o de haber presionado jueces o terceros de manera ilegal para lograr algo, lo que se busca es mandar un mensaje a todos aquellos que no responden a lo que Porras y sus Jefes que buscan Consuelo quieren.
Antes, muchas veces eran los sindicados los que buscaban que esas audiencias no se llevaran a cabo porque querían evitar que las cosas salieran a luz y “ver si algo se arreglaba”. Incluso hay quienes han preferido pasar presos y dejar que el tiempo avance, las instituciones desaparezcan o regresen a su cauce de impunidad, antes de ir a juicio.
Pero son pocos los casos en que las personas quieren declarar, ser escuchadas y poder optar a medida porque no hay peligro de fuga (a quien capturan a la primera y quien se presenta 4 veces de forma voluntaria no pareciera tener ganas de escaparse o interferir en la supuesta investigación), pero este ritmo marca la versión chapina del MP de Nicaragua.
Siempre he hablado de la necesidad de reformar la justicia por muchas cosas y por casos como estos. Incluso quienes han cometido actos ilegales pero han reconocido los hechos, el sistema no les responde como se debe porque necesita ajustes y hay mucha gente que quiere seguir teniendo el sistema actual porque sienten que ahí controlan y manipulan tranquilamente.
El caso de Santizo y Sosa es y será paradigmático, porque así es como harán con muchos a los que desean meter “presos unos 15 días”, para ver si se les quitan las ganas. Y la tortura es meterlos presos con la gente a la que investigaron. Estoy seguro que quien se siente tranquilo porque no sobornó, ni metió sus manos donde no debía, no quiere reservas porque necesita que la gente sepa de qué los acusan con detalles.
Para quienes coordinaron una muerte se inventaron una cárcel nueva, al menos deberían tener la decencia de armar una para los operadores de justicia a los que les cobrarán venganza, alejados de los sujetos a los que acusaron.
