Jorge Mario Andrino Grotewold
Adquirir deuda para pagar deuda vencida es casi tocar el fondo del sistema, más aun con la expectativa tan baja en el proceso de inversión y recaudación impositiva, que son los mayores y más importantes estímulos para alcanzar un PIB en aumento, o bien tener un adecuado crecimiento económico. Pero ni existe una inversión nacional o extranjera acelerada (es mínima, y en muchas oportunidades leonina para el Estado), ni tampoco la recaudación tributaria pareciera levantar sus números, entre acusaciones de corrupción e ineficiencia de la gestión recaudatoria. Así entonces, el gobierno se ve obligado a cubrir sus obligaciones financieras de deuda contraídas, y como los entes prestatarios ya entendieron que solo pueden financiar proyectos de inversión a largo plazo, y así evitar las contracciones que en el caso de España o Argentina han estado sufriendo, no hay más remedio que posicionar bonos internos, con una Junta Monetaria de cómplice que no desea ni siquiera molestar a los entes de financiamiento externo y no trastocar la tan venerada estabilidad macro económica.
Pero con un presupuesto desfinanciado en los últimos diez años, si no es que más, con las variables de crecimiento económico tan bajas que pronostica la CEPAL para Latinoamérica y en especial para Guatemala, sumado a esa poca capacidad de la SAT para llegar a una meta de exigir el pago de impuestos, los ciudadanos al día de hoy, y quienes inclusive aun no nacen, se preparan para seguir con el pago de deuda por muchos años, en lugar de pensar en estar financiando desarrollo, que tanto necesita un país pobre como Guatemala.
Pero el absurdo recae en el análisis sólo de cifras financieras, que aunque ya expertos financieros abordan como estar al límite de los balances adecuados para evitar una variación económica como inflación o inclusive una bancarrota parcial del Estado, sino que se sigue endeudándose, sin que prive un poco de razón en priorizar, reorientar e inclusive contraer el gasto público, que a todas luces tienes sinónimos de falta de claridad en su planificación, y también en su ejecución. La ausencia de insumos médicos, la falta de recursos para reparación de escuelas o bien la poca capacidad de invertir en proyectos tan sencillos como drenajes o llevar agua potable a las comunidades, cede su “espacio presupuestario” al pago de planillas enormes en Ministerios y Municipalidades, o bien en organizar viajes con viáticos exorbitantes para sostener una política internacional, que ni se define ni responde a una coyuntura de país. Peores ejemplos puede decirse en la estrategia de comunicación social millonaria que se invierte, o bien de forma más específica, el pago de más de un millón de quetzales para la organización de la Asamblea de la OEA a llevarse a cabo en septiembre de este año, con el sólo propósito de discutir el tema de las drogas; como si ese fuera una de las prioridades del Estado. Discutirla si es importante, pero no al nivel de ser el organizador sede, y por ende ser responsable de pagar los viajes, hoteles y gastos de la organización. ¿Cuántas personas podrían verse beneficiadas con agua entubada en sus casas con ese dinero?
Más de un 20 por ciento del presupuesto actual, ejecutado, consiste en generar los espacios de las obligaciones del tesoro, que involucra el pago de todos los créditos y deudas que los organismos financieros internacionales brindan, con intereses y notas de cumplimiento periódico. Alguna de esa deuda adquirida supone haber invertido en obra pública, pero los resultados son poco visibles e inclusive no útiles. Quizá cuando tenga el país verdaderos estadistas y honestos funcionarios, podrá iniciar un cambio, que visualice una Guatemala en función de sus habitantes y no de intereses particulares.
