Marco Trejo
Aunque las muertes de personas en accidentes de tránsito se han convertido en la segunda causa de muerte en este país, solo debajo de los asesinatos con arma de fuego, los gobernantes siguen negociando que tienen y no tienen que hacer para preservar la vida de los guatemaltecos, quienes han dejado luto y dolor en una sociedad que carece de Estado de Derecho.
Es reprochable que las autoridades encargadas de la seguridad vial, tengan que dar un tiempo de espera de 30 meses (dos años y medio), para “empezar” a tomar acciones encaminadas a velar por la reducción de los percances viales y que esa desafortunada decisión permita la muerte de otras 6 mil 480 personas, porque en el 2021 murieron 2 mil 592 personas, equivalente 7 personas diariamente en hechos de tránsito.
Lo que es importante mencionar es que la vida no puede ser negociada, no podemos permitir que “choferes” irresponsables sigan matando gente en las diferentes carreteras del país y que nuestras autoridades solo vean y analicen las cifras que, en cualquier parte del mundo, le pararían el pelo a cualquier funcionario público, ya que la vida se protege y no tiene precio.
En Guatemala “operan” varios entes estatales que tienen la obligación de velar por la seguridad y regulación vial: Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) (REPROBADO), Policías Municipales de Tránsito (alcaldías) (REPROBADO), Dirección General de Transporte (DGT) (REPROBADO), la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas (REPROBADO).
Estas dependencias burocráticas son botines políticos y se han convertido en nido de burócratas que solamente cobran un salario y los puestos son dados a dedo por cobro de facturas de campañas. Los directores gozan de “jugosos” sueldos y salen forrados de “billetes” por todas las prebendas que reciben para no hacer nada. ¿Quién me diga que estas instituciones hacen un gran trabajo, es porque no vive en Guatemala?
Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito (ONST), son contundentes, la siniestralidad vial desde hace cuatro gobiernos, cuatro presidentes y una docena de directores, han pasado sin pena y gloria en los puestos estatales, no tienen quién les jale las orejas, no les interesa dar resultados y cada cuatro años emigran a otros partidos políticos para jugar a la ruleta rusa para apoyar a los que tienen posibilidades de llegar a la Presidencia de la República.
Estos señores “politiqueros” se pelean por tener los mejores carros, las mejores casas, los mejores viajes, las mejores edecanes y todo por lucir lo que no les cuesta a los cuatro vientos, no se ponen a pensar que son ciudadanos y que la historia les va a pasar la factura tarde o temprano, que tienen que hacer algo por su patria, no dejar más problemas que soluciones.
Qué las estadísticas nos revelen que en el 2021 ocurrieron 154 accidentes viales más que el 2020, donde se vieron involucrados pilotos del transporte de carga, que dejaron 38 muertos más, mientras que los datos de lesionados si tuvo una reducción de 67 personas, es para quitarle el sueño a cualquiera, pero en Guatemala eso no es importante porque la vida no vale nada para estos señores funcionarios.
Sí a todo esto le sumamos que nuestra sociedad padece de un analfabetismo vial, no conocemos la Ley de Tránsito y su reglamento, situación similar pasa con la autoridad vial que para colmo de males COVIAL no tiene una regulación que le permita imponer sanciones a los choferes irresponsables.
Pero no todo queda allí, los Centros de Evaluación de Conductores de Vehículos (CECOVE), son otro foco de corrupción, pero de academias de automovilismo, que lo único que hacen es extender licencias por un pago de Q1 mil 200, sin hacer las pruebas requeridas.
Y para terminar los “honorables diputados del Congreso de la República” prefieren recetarse un aumento otorgado, por el peor presidente de la historia del Legislativo, Allan Rodríguez, quien llegó a enriquecerse y como “supuestamente” es un transportista en su tierra natal, no va a ponerse un cuchillo en el cuello, prefirió pasar dos períodos en pulsos políticos, que modificar la Ley de Tránsito para proteger la vida de miles de guatemaltecos que mueren año con año.
Ahora la pelota la tiene el presidente constitucional, Alejandro Giammattei, quién ya salió a decir que “hay algunas injusticias” en el Acuerdo Gubernativo 17-2020 sobre el seguro obligatorio para transportistas y asegura que buscarán mejores precios para adquirirlos, espero que lo haga bien y que no siga los pasos de sus funcionarios encargados de velar por la seguridad vial. ¡Una total ineptitud!
